Georgia ha acusado a Estonia de interferir en sus asuntos internos tras las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores estonio, Margus Tsahkna, quien calificó al gobierno de Tbilisi de “ilegítimo” y pidió la celebración de nuevas elecciones. Esta controversia ha puesto de manifiesto las tensiones entre ambos países, especialmente en un contexto en el que Georgia busca acercarse a la Unión Europea.
En una reciente rueda de prensa, Tsahkna afirmó que el gobierno georgiano carece de “legitimidad democrática” y amenazó con endurecer las sanciones contra el país del Cáucaso. Además, advirtió que Georgia “no se unirá a la Unión Europea en su actual rumbo”.
La respuesta de Georgia no se hizo esperar. La ministra de Asuntos Exteriores, Maka Botchorishvili, criticó las declaraciones de su homólogo estonio, indicando que “demasiado a menudo nos encontramos con afirmaciones que pueden ser vistas como una interferencia directa en nuestros asuntos internos”. Según Botchorishvili, estos comentarios buscan socavar la imagen internacional de Georgia, y lamentó que provinieran de un país amigo como Estonia.
Tensiones internas y acusaciones de injerencia
El primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, también descalificó las afirmaciones de Tsahkna, sugiriendo que Estonia “no es soberana” y actúa bajo órdenes externas, al igual que la oposición georgiana. Esta declaración refleja la creciente polarización política en Georgia, donde el partido gobernante, Sueño Georgiano, ha enfrentado acusaciones de fraude electoral tras las elecciones de octubre, que fueron rechazadas por grupos opositores que alegan interferencia rusa.
Georgia solicitó su adhesión a la Unión Europea en marzo de 2022, en un intento de reforzar su posición geopolítica tras el inicio del conflicto en Ucrania. Sin embargo, el primer ministro Kobakhidze suspendió las negociaciones de membresía el pasado noviembre, citando lo que calificó como “chantaje” por parte de Bruselas en relación con una ley sobre agentes extranjeros y los resultados de las elecciones parlamentarias.
El parlamento georgiano aprobó en mayo una ley similar a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE. UU., que obliga a las ONG y medios que reciben financiación del extranjero a registrarse como tales. Esta medida provocó protestas en las que los manifestantes acusaron al gobierno de alinearse con Moscú, que cuenta con legislación similar.
Las tensiones se intensificaron tras las elecciones de octubre, donde el partido Sueño Georgiano obtuvo la victoria. La presidenta prooccidental de Georgia, Salome Zourabichvili, ha señalado la posible interferencia rusa en el proceso electoral. Por su parte, Kobakhidze ha acusado a la oposición de intentar llevar a cabo un golpe de estado respaldado por Occidente, comparando la situación con la revolución de Maidan en Ucrania en 2014.
Recientemente, Botchorishvili acusó a la Unión Europea de estar preparando un escenario similar al de Maidan para Georgia, después de que el Consejo de Europa pidiera “elecciones libres y justas” en el país. Mientras tanto, Rusia ha negado cualquier implicación en los asuntos internos de Georgia, pero ha trazado paralelismos entre la situación actual en Tbilisi y los acontecimientos que llevaron al derrocamiento del gobierno ucraniano en 2014.
