El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha intensificado sus esfuerzos por comunicar su posición respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras la reciente aprobación de su incremento. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha subrayado que esta medida representa un avance significativo para cientos de miles de trabajadores en España. Sin embargo, en el seno del Gobierno existe una clara división, especialmente entre los socialistas y sus socios de coalición, Sumar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que no hay intención de modificar los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sugiriendo que quienes no comprenden esta decisión carecen de un conocimiento sólido en materia tributaria.
A pesar de las tensiones, los representantes de Sumar continúan defendiendo la necesidad de que las rentas derivadas del SMI no estén sujetas a impuestos. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, argumenta que el sistema fiscal debe enfocarse en no gravar a los trabajadores más vulnerables. Esta postura ha llevado a una creciente presión por parte de los sindicatos, que han instado al Gobierno a encontrar una solución al problema que ellos consideran que ha generado. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha manifestado que la solución no debería implicar la eliminación de impuestos, advirtiendo sobre los peligros de fomentar un discurso que demoniza la tributación.
La controversia sobre el SMI también ha encontrado eco en la oposición, especialmente en el Partido Popular (PP). Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha criticado al Gobierno por lo que considera un engaño hacia la ciudadanía. Al igual que Sumar, los populares abogan por que las rentas más bajas no paguen impuestos, y han presentado una iniciativa en este sentido. Esta situación ha llevado al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, a ironizar sobre la posición de Sumar, sugiriendo que su apoyo a la propuesta del PP sería un signo de coherencia política. En este contexto, el debate sobre el SMI se convierte en un tema central en la agenda política, reflejando las tensiones y divergencias existentes dentro del Gobierno y entre los partidos de la oposición.
