La reciente decisión del gobierno de Victoria, Australia, de permitir la caza de dingos en el este del estado hasta 2028 ha reavivado un debate que ha sido calificado como el más controvertido en torno a la fauna del país. Este tema ha suscitado una fuerte oposición por parte del grupo de bienestar animal Animals Australia, que ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo de Victoria para impugnar la legalidad de esta medida.
La organización argumenta que el programa de erradicación está dirigido a una especie nativa única que se encuentra en riesgo de extinción y que ignora las súplicas de los propietarios tradicionales, quienes consideran al dingo como una especie totem. La controversia plantea cuestiones complejas sobre la importancia de los dingos como especie nativa frente a su consideración como plaga agrícola, así como el equilibrio entre la protección de la especie y los intereses de los agricultores.
La situación actual de los dingos en Victoria
Los dingos están clasificados como vulnerables en Victoria, lo que significa que enfrentan un alto riesgo de extinción en el medio plazo. Aunque están protegidos bajo la Ley de Vida Silvestre de Victoria, se han emitido órdenes especiales que los declaran «no protegidos» en áreas donde se considera necesario evitar que maten ganado. Estas órdenes permiten la caza de dingos mediante trampas, envenenamiento o disparos.
Desde aproximadamente 2010, se han emitido sucesivas órdenes de no protección que han permitido la caza de dingos en diversas partes de Victoria. La orden actualmente impugnada entró en vigor el 1 de octubre del año pasado y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028. El Ministro de Medio Ambiente de Victoria, Steve Dimopoulos, ha defendido la decisión del gobierno como un intento de «lograr el equilibrio correcto entre proteger nuestras poblaciones vulnerables de dingos y permitir a los agricultores proteger su ganado».
Los estudios de ADN sugieren que los dingos han estado en Australia durante un periodo de entre 4,600 y 18,000 años. A menudo se les describe erróneamente como «perros salvajes», pero en realidad son descendientes de lobos del sur de Asia. La distinción entre un perro salvaje y un dingo puede ser complicada, lo que añade más capas de complejidad a la situación. Actualmente, la población de dingos en Victoria se estima entre 2,640 y 8,800, aunque las cifras recientes sugieren que la caza podría ser devastadora para estas poblaciones.
La experiencia en el noroeste de Victoria es un caso de advertencia. Allí, bajo una orden de no protección, la población de dingos se redujo a tan solo 40 individuos, lo que llevó al gobierno a restablecer protecciones para la especie. La disminución de las poblaciones de dingos no solo es preocupante para la especie en sí, sino que también tiene efectos colaterales en los ecosistemas, ya que los dingos son depredadores apex y juegan un papel crucial en el control de depredadores introducidos como zorros y gatos ferales.
La actual decisión del gobierno ha sido criticada por no encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la vida silvestre y los intereses agrícolas. En el año fiscal 2022-23, en las 16 «zonas de gestión de perros salvajes» de Victoria, se confirmaron 1,455 muertes de ganado a manos de dingos, un número que representa una fracción de los 14.6 millones de ovejas que se crían en el estado.
Además, el gobierno australiano debe considerar los derechos de los propietarios tradicionales, quienes consideran a los dingos parte de su herencia cultural viva. Para muchos aborígenes, la pérdida de un dingo es comparable a la pérdida de un miembro de la familia, lo que añade una dimensión cultural a la discusión sobre la caza de esta especie.
La demanda presentada por Animals Australia en el Tribunal Supremo de Victoria es un punto de inflexión en el debate sobre la relación entre humanos y animales, y plantea interrogantes sobre cuánto daño se considera «necesario» por ley para proteger los beneficios comerciales y los medios de vida. Este caso no solo afectará a los dingos, sino que podría sentar un precedente para la protección de otras especies nativas en Australia.
