Cinco años después del inicio de la pandemia de COVID-19, muchas ciudades de Estados Unidos aún se adaptan a una nueva normalidad, marcada por un aumento del trabajo remoto y una disminución de la actividad económica en los centros urbanos. Este contexto, junto con planes de pensiones municipales insuficientemente financiados, está empujando a muchos presupuestos municipales a una situación de déficit.
Las dificultades fiscales urbanas no son un fenómeno nuevo; tradicionalmente, han afectado a ciudades pequeñas y con escasos recursos, así como a aquellas gestionadas de manera ineficaz. Sin embargo, en la actualidad, grandes ciudades como Chicago, Houston y San Francisco también enfrentan serios problemas financieros, lo que representa una amenaza a nivel nacional. Esta crisis está impulsada por factores como el cambio climático, la disminución de la actividad en los centros urbanos, la pérdida de fondos federales y grandes compromisos de pensiones y jubilaciones.
Razones detrás de la crisis fiscal urbana
A lo largo del último siglo, muchas ciudades estadounidenses han enfrentado crisis fiscales por diversas razones. La más común se produce tras una recesión económica o una caída abrupta de los ingresos fiscales. Por ejemplo, en la década de 1920, los municipios de Florida comenzaron a incumplir sus pagos tras el colapso de un auge inmobiliario, y durante la Gran Depresión de los años 30, las municipalidades de todo el país enfrentaron dificultades similares debido al aumento del desempleo y la disminución de la recaudación fiscal.
En 1934, el Congreso de Estados Unidos modificó el código de bancarrota para permitir que los municipios se declararan en quiebra, lo que llevó a 27 estados a promulgar leyes que autorizaban a las ciudades a buscar protección ante sus deudas. Sin embargo, declararse en quiebra no era una solución mágica. Permitía a las ciudades refinanciar sus deudas, pero también podía resultar en aumentos de impuestos y tasas para los residentes, así como en recortes a los salarios y beneficios de los empleados municipales.
La fuga de residentes y negocios hacia los suburbios en las décadas de 1960 y 1970 dejó a muchas ciudades, como Nueva York, Cleveland y Filadelfia, con un base fiscal reducida. Más recientemente, durante el colapso del mercado inmobiliario de 2008-2009, ciudades como Detroit y San Bernardino se declararon en quiebra, mientras que otras se vieron impedidas de hacerlo debido a las leyes estatales.
Incluso las jurisdicciones grandes y prósperas pueden caer en problemas financieros. Un ejemplo es el caso del Condado de Orange, California, que se declaró en quiebra en 2002 tras perder 1.650 millones de dólares en fondos públicos debido a una estrategia de inversión arriesgada. Actualmente, las ciudades enfrentan una convergencia de costos crecientes y disminución de ingresos, lo que hace que la crisis fiscal urbana sea un desafío nacional generalizado.
Impacto del cambio climático y pensiones subfinanciadas
El cambio climático y el aumento de desastres naturales están ejerciendo presión financiera sobre las municipalidades de todo el país. Eventos como incendios forestales e inundaciones requieren que las ciudades gasten dinero en la reconstrucción de infraestructuras dañadas, además de inversiones costosas en preparación para futuros desastres.
Por ejemplo, en Houston, la ciudad se ve obligada a gastar 100 millones de dólares en reparaciones de calles y drenajes debido a sentencias judiciales tras varios años de graves inundaciones, lo que aumenta el déficit anual a 330 millones de dólares. En Massachusetts, las ciudades de Cape Cod están invirtiendo millones en actualizar sistemas de alcantarillado debido a la creciente contaminación del agua y el impacto del cambio climático.
Además, muchas ciudades están luchando para financiar pensiones y beneficios de salud para sus empleados. Chicago, por ejemplo, enfrenta un déficit presupuestario de casi 1.000 millones de dólares, en parte debido a la insuficiencia de fondos para las pensiones de casi 30.000 empleados públicos. Se estima que la ciudad tiene 35.000 millones de dólares en pasivos de pensiones no financiados.
La combinación de costos crecientes, disminución de ingresos y la reducción del apoyo federal que ha ayudado a las ciudades a capear la tormenta durante la pandemia está creando un panorama fiscal complicado. Con la finalización de la ayuda federal y una resistencia pública a aumentar impuestos, muchas ciudades se encuentran en una encrucijada que requiere conversaciones difíciles sobre cómo gestionar sus recursos.
