El Tribunal Supremo (TS) ha intensificado la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con un caso de revelación de secretos. Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) ha señalado que se produjo un borrado de mensajes en los dispositivos móviles del fiscal. En una resolución reciente, el juez del TS, Ángel Hurtado, ha afirmado que existe «evidencia» de que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles».
El magistrado ha destacado que, a pesar de las diferentes explicaciones ofrecidas por el fiscal general para justificar esta acción, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podría haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición». Esta situación se produce en el contexto de la causa abierta por el alto tribunal el 16 de octubre de 2024, en relación con presuntas filtraciones que afectarían a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hurtado ha subrayado que, aunque «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le pueden incriminar», esta acción no debe ser ignorada en el marco de una instrucción penal que busca esclarecer los hechos.
Defensa del Fiscal General
La semana pasada, Álvaro García Ortiz defendió la labor de la Fiscalía como institución durante su comparecencia en el Senado. Aseguró a la ciudadanía que el Ministerio Fiscal «ha actuado, actúa y actuará» de manera «imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley». Sin embargo, un tercio de la cúpula de fiscales ha solicitado su dimisión como fiscal general. En su intervención, García Ortiz enfatizó la importancia de que la ciudadanía reconozca el compromiso del Ministerio Fiscal con la imparcialidad y la legalidad, una declaración que se produce en un momento de creciente presión sobre su cargo.
