El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció nuevamente ante el juez del Tribunal Supremo el pasado 20 de febrero. Esta declaración se produce tras su primera comparecencia voluntaria a finales de 2024, en el contexto de la investigación en la que se ve envuelto por el ‘caso Koldo’. Ábalos niega haber recibido comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores políticos o contratos públicos durante su gestión al frente del Ministerio.
El juez ha dictado medidas cautelares contra Ábalos, argumentando que persisten indicios de la posible comisión de diversos delitos, incluyendo organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. En su declaración reciente, el exministro admitió haber experimentado un «lapsus» y no haber mencionado un inmueble de su propiedad, lo que ha llevado a su defensa a presentar un escrito al tribunal para corregir dicha omisión. En este documento, Ábalos señala que adquirió una propiedad en proindiviso en marzo de 2003, cuya información no fue proporcionada durante su declaración inicial.
Aportación de documentos y medidas cautelares
Durante su comparecencia, Ábalos aclaró que posee una vivienda en Valencia y un local en la misma finca, el cual llegó a alquilar a su exasesor Koldo García. En su escrito al Tribunal, el exdiputado socialista, actualmente en el Grupo Mixto, presenta la documentación que acredita la adquisición de un local comercial de 187 metros cuadrados, junto con copias de las escrituras relacionadas con la propiedad. El juez, tras su declaración, decidió prohibir a Ábalos salir del país y le retiró el pasaporte como medida cautelar, además de obligarle a presentarse cada 15 días en la secretaría de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La defensa del exministro sostiene que no hay indicios de criminalidad que justifiquen estas medidas, argumentando que su falta de bienes en el extranjero reduce el riesgo de fuga.
