La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe al Tribunal Supremo (TS) que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según este documento, el fiscal ha recibido dos teléfonos móviles desde que comenzó la investigación en su contra, pero no ha devuelto ninguno de ellos. Además, uno de los dispositivos fue reseteado apenas una semana después de que el TS abriera la causa en su contra, lo que ha suscitado inquietudes sobre la integridad de la investigación.
El informe de la UCO, respaldado por datos de la Oficina de Móviles de la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, revela que García Ortiz recibió un móvil el 24 de mayo de 2024 y otro el 18 de diciembre del mismo año. Sin embargo, desde el 7 de marzo de 2024, no ha entregado ningún dispositivo, ni por desuso ni por reemplazo. Esta falta de colaboración ha sido criticada, especialmente a la luz del reseteo del primero de los dispositivos, que fue solicitado en un correo electrónico a la Subdirección General el 24 de octubre de 2024, justo ocho días después de que se iniciara la causa judicial en su contra.
Cambios de dispositivos y eliminación de datos
La investigación ha revelado que el fiscal general cambió de teléfono el 23 de octubre de 2024, una semana después de su imputación. Además, el 16 de octubre se eliminaron mensajes del dispositivo en dos ocasiones. También se confirmó que García Ortiz borró su cuenta personal de correo electrónico, que había sido utilizada para recibir un email filtrado el 13 de marzo de 2024. En su declaración judicial del 29 de enero, el fiscal admitió haber cambiado de móvil «cinco o seis veces» desde que asumió el cargo en 2021, justificando la eliminación de sus mensajes como un derecho y una obligación legal debido a la naturaleza sensible de la información que manejaba.
El Tribunal Supremo está investigando a García Ortiz junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta filtración de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta investigación se inició tras la divulgación de una nota de prensa de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, que contenía correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, encargado del caso por presuntos delitos fiscales. Posteriormente, la causa se amplió para incluir la filtración de un email del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa ofrecía reconocer los delitos fiscales a cambio de un acuerdo con la Fiscalía.
