En el contexto de las controversias generadas por el denominado «ciriptogate», el presidente argentino Javier Milei ha tomado la decisión de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto. Esta medida ha suscitado un intenso debate político, especialmente entre los sectores de la oposición que han cuestionado la legitimidad de estos nombramientos.
La Oficina del Presidente ha argumentado que la Corte no puede operar de manera efectiva con solo tres ministros, señalando que el Senado ha eludido su responsabilidad al no dar luz verde a estos nombramientos. Este argumento se presenta en un momento en que la crisis económica y política en Argentina se agudiza, lo que ha llevado a Milei a actuar con celeridad en la modificación de la agenda política.
Controversias en torno a los nuevos jueces
Ariel Lijo es un juez federal conocido por su influencia en causas sensibles que han generado polémica. Ha sido objeto de múltiples denuncias, incluyendo acusaciones de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lo considera uno de los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Por su parte, Manuel García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es un firme opositor al derecho al aborto y se alinea con la agenda ideológica del actual gobierno de ultraderecha.
La justificación de Milei para estos nombramientos se basa en la facultad que le otorga la Constitución Nacional para cubrir vacantes en la Corte Suprema, un poder que también fue ejercido por sus predecesores Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Sin embargo, la rapidez con la que se han realizado estos nombramientos ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de desviar la atención de la crisis generada por la estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA, que ha sido calificada por la revista Forbes como «el robo más grande de la historia».
En paralelo a estos acontecimientos, Milei ha mostrado una notable ambivalencia en su postura respecto a la política internacional, especialmente en relación con Ucrania. A pesar de haber invitado al presidente ucraniano Volodomir Zelensky a su toma de posesión, Argentina se abstuvo de respaldar una resolución de la ONU en apoyo a Ucrania, lo que ha generado confusión incluso entre sus aliados. Este cambio de postura se ha interpretado como un intento de alinearse más estrechamente con Donald Trump.
Asimismo, Milei ha cambiado su discurso sobre los monopolios. Mientras anteriormente defendía su existencia como algo positivo para la economía, ha comenzado a criticar la reciente adquisición del Grupo Clarín de la operación de Telefónica en Argentina, un movimiento que ha sido calificado de «monopólico». Esta contradicción en su discurso ha llevado a cuestionamientos sobre la coherencia de su política económica y su relación con los medios de comunicación.
La situación política en Argentina se presenta cada vez más compleja, con un presidente que parece estar en una lucha constante por consolidar su poder en medio de un entorno económico y social convulso. Las decisiones recientes de Milei, incluyendo los nombramientos en la Corte Suprema y su cambiante postura sobre temas internacionales y económicos, reflejan una estrategia que busca afianzar su posición, aunque a costa de generar divisiones y controversias en el ámbito político.
