La diplomacia internacional se encuentra en plena actividad para lograr un alto el fuego que detenga la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que ha entrado en su cuarto año. Los analistas económicos en Ucrania proyectan que la guerra podría finalizar antes de que termine el año, aunque el camino hacia la paz está lleno de desafíos. A pesar de la incertidumbre, empresas y funcionarios ucranianos están trabajando para atraer inversiones, tanto para mantener la economía en funcionamiento durante el conflicto como para facilitar la reconstrucción una vez que este termine.
El impacto del conflicto ha sido devastador, dejando una destrucción sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según el último informe del Banco Mundial, se estima que se necesitarán medio billón de euros para la reconstrucción y recuperación de Ucrania en la próxima década. Esta cifra equivale a un tercio del PIB anual de España, con 311.000 millones de euros destinados específicamente a la reconstrucción de activos dañados o destruidos por la guerra.
Oportunidades en el mercado de la reconstrucción
El mercado de la reconstrucción en Ucrania presenta claras oportunidades para las empresas de construcción, especialmente en los sectores de vivienda, transporte e infraestructura energética. Según Olga Slyvynska, economista de la Kiev School of Economics, la magnitud de la inversión requerida convierte a Ucrania en uno de los mayores esfuerzos de reconstrucción globales de posguerra, lo que generará una gran demanda de talento internacional, materiales y energía.
Conscientes de estas oportunidades, una misión comercial ucraniana está visitando España para establecer alianzas con empresarios locales. Esta misión, que se desarrolla bajo el programa Rebirth Ukraine, busca atraer inversiones y fortalecer la cooperación económica. En los próximos meses, la misión se trasladará a otros países europeos como Italia, Francia y Alemania.
Entre las empresas que participan en esta misión se encuentran importantes constructoras y entidades de ingeniería, como Acciona, Grupo Cobra y Adif. La reconstrucción de Ucrania requerirá una inversión de 80.000 millones de euros solo en viviendas, ya que se estima que el 13% de los hogares han sido destruidos o dañados, lo que equivale a 2,5 millones de casas. Además, se necesitarán 74.000 millones de euros para el transporte y 64.000 millones para energía y minería.
El Gobierno ucraniano ya cuenta con propuestas de proyectos de inversión concretas, disponibles en la página web Invest Portal UA. Entre estos proyectos se incluye la construcción de una red de carreteras valorada en 2.116 millones de dólares y la tercera fase de la central hidroeléctrica de Dnister, con un costo de 1.255 millones de dólares.
A pesar de la situación actual, muchas constructoras españolas están activas en Europa del Este, aunque ninguna planea invertir en Ucrania hasta que se logre un alto el fuego. Empresas como Acciona ya tienen inversiones en el país, con plantas de energía fotovoltaica que generan energía limpia para miles de hogares. Otras compañías, como OHLA, han expresado su interés en participar en la reconstrucción, aprovechando su experiencia en proyectos en países vecinos.
Sin embargo, la incertidumbre sobre la seguridad sigue siendo un obstáculo para la inversión. Ucrania está negociando garantías de seguridad con la comunidad internacional y ha implementado mecanismos de mitigación de riesgos, como seguros específicos contra la guerra y complicaciones políticas. Estas medidas buscan incentivar a las empresas extranjeras a invertir en el país, a pesar de los riesgos asociados.
España se ha convertido en uno de los socios económicos más importantes de Ucrania, ocupando el sexto lugar en la UE y el noveno en el mundo en términos de comercio. En 2024, se espera que el volumen de comercio entre ambos países alcance los 3.545 millones de euros. Las autoridades ucranianas hacen un llamamiento a las empresas españolas para que no esperen a que se den condiciones más favorables para invertir, ya que actualmente se ofrecen incentivos fiscales y garantías de seguridad para facilitar la inversión extranjera.
