El PSOE y Junts per Cat han formalizado un acuerdo que implica la cesión de competencias migratorias a Cataluña, un pacto que ya se encuentra cerrado. Uno de los aspectos más relevantes de este acuerdo es la transferencia de la competencia integral sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En este contexto, los Mossos d’Esquadra desempeñarán un papel en las fronteras, pero siempre bajo la coordinación de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Otra novedad de gran importancia es que Cataluña será la única autoridad en su territorio encargada de gestionar las autorizaciones de estancia y residencia de extranjeros.
Este tipo de acuerdos no es inédito en la política española. Históricamente, los partidos independentistas han condicionado su apoyo a cambio de concesiones. En esta legislatura, hemos visto ejemplos como la ley de amnistía, que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, o el traspaso de Rodalíes. Asimismo, la presidencia de Francina Armengol en el Congreso se logró a cambio de autorizar el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja y de establecer varias comisiones de investigación, incluyendo una sobre los atentados del 17-A. También se ha producido la condonación de parte de la deuda a cambio de la investidura de Salvador Illa en Cataluña, mientras que Oriol Junqueras se benefició de los indultos, facilitando así la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, lo que allanó el camino a los presupuestos de 2022.
Marco constitucional y críticas
El Artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, respaldado por dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que refuerzan esta interpretación. Sin embargo, el PSOE y Junts han encontrado una vía alternativa en el Artículo 150, que permite al Estado transferir o delegar competencias en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica. Los promotores de este traspaso argumentan que Cataluña presenta una realidad migratoria particular, con un 18 % de su población de nacionalidad extranjera y un 24 % nacidos fuera de la comunidad.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su oposición al acuerdo entre el PSOE y Junts, calificándolo como «una humillación sin precedentes» y una amenaza para la igualdad entre los españoles. Ha señalado que este pacto implica «desmantelar el Estado en Cataluña» y ha indicado que su partido estudiará el texto con atención, lo que refleja la polarización política que genera este tipo de decisiones en el contexto español.
