El Gobierno español ha defendido el reciente acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que permite la delegación de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Esta palabra, «delegación», ha sido utilizada repetidamente por el Ejecutivo para explicar el pacto con el partido de Carles Puigdemont, lo que ha suscitado debates en torno a la interpretación legal de la medida.
La interpretación del Gobierno y sus implicaciones legales
Vicente Vallés, director y presentador de Noticias 2, ha destacado la insistencia del Gobierno en el término «delegar» en lugar de «transferir». Esta distinción es significativa desde el punto de vista jurídico, ya que el artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre determinadas materias, entre las que se incluyen la inmigración y el derecho de asilo. El Ejecutivo se ampara en el artículo 150.2, que permite transferir o delegar competencias, lo que plantea un dilema: si una competencia que es exclusiva del Estado puede ser delegada a una comunidad autónoma. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 refuerza esta exclusividad, lo que lleva a cuestionar la viabilidad de este acuerdo.
Por su parte, Carles Puigdemont, presidente de JxCat, ha celebrado la delegación «integral» de la gestión migratoria a Cataluña, argumentando que se trata de una competencia que normalmente corresponde a los Estados. Según Puigdemont, la asunción de estas competencias permitirá a Cataluña estar mejor preparada para su futuro como nación. Sin embargo, ha advertido que este proceso no será sencillo, ya que implicará traspasos de personal, recursos económicos y bienes. Aun así, ha subrayado la importancia histórica de este acuerdo, al considerar que se trata de un paso decisivo en un momento crucial para el futuro del país.
