El reciente pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carles Puigdemont, líder de Junts, ha marcado un hito en la gestión de competencias en inmigración en Cataluña. Este acuerdo, que permite a la Generalitat asumir de manera integral las competencias en esta área, ha suscitado tanto apoyo como controversia. De acuerdo con los términos del pacto, los Mossos d’Esquadra serán los encargados de gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos en coordinación con la Policía y la Guardia Civil. Además, tendrán la potestad de expedir documentos de identidad a extranjeros y de autorizar permisos de residencia, lo que supone un cambio significativo en la estructura de competencias del Estado.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, había mantenido una postura firme en contra de la delegación de competencias en inmigración, considerándola inconstitucional. Según sus afirmaciones, el control de fronteras y la gestión de flujos migratorios son competencias exclusivas del Estado, lo que generaba una expectativa de inamovilidad en este aspecto. Sin embargo, la reciente aprobación del pacto ha dejado en entredicho esta postura, ya que tanto el PSOE como JxCat han registrado en el Congreso la Ley Orgánica para la Delegación de competencias en materia de Inmigración, sosteniendo que la medida se enmarca dentro del respeto a la Constitución.
Por su parte, Carles Puigdemont ha expresado su satisfacción por la cesión de competencias, afirmando que esta medida permitirá a Cataluña gestionar asuntos que tradicionalmente corresponden a los Estados. Según él, el hecho de que la Generalitat asuma estas competencias es un paso hacia una mayor autonomía y preparación para un futuro como Estado. No obstante, Puigdemont también ha señalado que la implementación de estas competencias requerirá un proceso que no será inmediato, ya que implica la transferencia de personal, recursos económicos y bienes. Este acuerdo, que representa un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno central y la Generalitat, se produce en un contexto político delicado y plantea interrogantes sobre el futuro de la gestión migratoria en España.
