El Gobierno ha defendido enérgicamente el pacto migratorio alcanzado entre el PSOE y Junts, argumentando que este acuerdo refleja el buen funcionamiento del Estado y su conformidad con la Constitución. Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, ha calificado el pacto como «positivo» y «constitucional», subrayando que las competencias en materia de inmigración son «delegables», tal y como establece la Carta Magna. Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha expresado su comodidad con un acuerdo que, a su juicio, se ajusta a lo que estipula la Constitución.
Sin embargo, el líder del Partido Popular (PP) ha criticado contundentemente el acuerdo, afirmando que va en contra de la Constitución. En un evento reciente, afirmó que «no se lo cree ni el Gobierno» y consideró que esta cesión de competencias es posiblemente la más grave en la historia constitucional reciente. Esta postura resalta la tensión política en torno a la gestión de la inmigración y la descentralización de competencias hacia Cataluña.
Desde Junts, se han mostrado optimistas tras la presentación de una proposición de ley en el Congreso, argumentando que esta iniciativa otorgará a Cataluña funciones propias de un Estado. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha declarado que conocer el catalán será un requisito para la obtención de permisos de residencia, algo que será formalizado en la ley que presentarán. Esta afirmación ha suscitado reacciones de otros partidos, como Podemos, que han rechazado la propuesta por considerarla una legitimación del racismo institucional. A su vez, Vox ha condenado el acuerdo, viéndolo como un ataque a la soberanía nacional y señalando que quienes han gestionado la política en Cataluña han contribuido a convertirla en un foco de yihadismo en Europa.
