El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su rechazo al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que busca delegar las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, García-Page calificó este pacto de «racista» y de «extrema derecha», expresando su «bochorno» ante lo que considera una cesión de valores fundamentales por parte del partido socialista. El dirigente ha cuestionado la coherencia del PSOE al pactar con Junts, liderado por el exiliado Carles Puigdemont, a quien acusó de promover planteamientos identitarios y xenófobos, comparando sus propuestas con las políticas migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump.
El acuerdo, registrado en el Congreso como una proposición de ley, propone transferir competencias clave en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Esto incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el control de puertos y aeropuertos, así como la posibilidad de establecer el catalán como un requisito para la obtención del permiso de residencia. Según García-Page, este pacto representa un riesgo para la cohesión del Estado, argumentando que «lo que se está pactando no es bueno ni para Cataluña ni para España, es puro chantaje». Asimismo, ha criticado la justificación constitucional del acuerdo, señalando que, aunque pueda ser legal, es contrario a los principios progresistas que debería defender la izquierda.
Críticas de otros partidos
La oposición al acuerdo no se limita a García-Page. Otros partidos, como Podemos y Sumar, también han expresado su rechazo, calificando el pacto de cesión de competencias de «racista». El secretario de Podemos, Pablo Fernández, lo ha denunciado abiertamente como un «pacto racista», mientras que el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha anunciado que votará en contra de la propuesta, argumentando que no puede contribuir a la «batalla cultural» utilizando «marcos fascistas». Desde el Gobierno, se defienden los términos del acuerdo, alegando que la delegación de competencias es reversible y que se mantiene la titularidad estatal sobre las mismas. Sin embargo, García-Page ha advertido sobre los riesgos que podría conllevar si estas competencias caen en manos de partidos con posturas antinmigración, lo que podría llevar a decisiones arbitrarias respecto a la expulsión de inmigrantes sin respeto por los derechos fundamentales.
