La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado archivar la querella interpuesta por un grupo de exmagistrados y exfiscales contra el rey emérito Juan Carlos I, quien es acusado de cinco delitos fiscales relacionados con la Hacienda Pública. La Fiscalía ha argumentado que dicha querella no presenta «ni hechos ni fuentes de pruebas distintos» a los que ya fueron analizados y archivados en 2022.
Los exmagistrados y exfiscales han señalado que los delitos fiscales en cuestión habrían ocurrido en las declaraciones tributarias entre 2014 y 2018, alegando que la regularización realizada por el rey emérito respecto a estas declaraciones fue ilegal. Por su parte, la Fiscalía había investigado previamente estos hechos y decidió archivar el caso, argumentando que Juan Carlos I regularizó su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de que se conociera la existencia de la investigación por fraude fiscal. Los querellantes sostienen que esta regularización no cumplió con los requisitos legales necesarios para exonerar al monarca.
La postura de la Fiscalía
En su informe, la Fiscalía recuerda que ya abrió diligencias en 2020 sobre los mismos hechos, primero el 18 de junio y luego el 5 de noviembre. Tras una investigación exhaustiva, el caso fue archivado el 2 de marzo de 2022. El Ministerio Público sostiene que la querella actual no presenta «ni hechos ni fuentes de prueba distintos» a los ya evaluados, lo que fundamenta su solicitud de inadmitir y archivar la causa. Asimismo, en el decreto de archivo de marzo de 2022 se indicaba que no existían elementos suficientes para ejercer acción penal contra Juan Carlos I, aludiendo a la falta de pruebas incriminatorias, la prescripción de los delitos y la inviolabilidad del jefe del Estado.
En cuanto a las investigaciones sobre el «JRM 2004 Trust», la Fiscalía ha informado que no hay indicios que vinculen a Juan Carlos I con este fondo entre 2004 y 2021, ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos. Se ha afirmado que el rey emérito nunca fue beneficiario del trust ni recibió dinero de sus cuentas. A partir del 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, se sostiene que las disposiciones del JRM 2004 Trust no alcanzan las cuantías que pudieran constituir un delito contra la Hacienda Pública, incluso si esos fondos hubieran sido entregados a un contribuyente español, lo que no se ha podido comprobar.
