Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado a China el pago de 24.000 millones de dólares en daños a Missouri, en un caso que ha reavivado las tensiones entre ambos países en el contexto de la pandemia de Covid-19. La demanda, presentada inicialmente en abril de 2020 por el fiscal general del estado, Andrew Bailey, acusaba a Pekín de engañar al mundo sobre la gravedad del brote y de acaparar equipos de protección personal (EPP) durante los primeros meses de la crisis sanitaria.
Según los abogados del estado, las acciones de China habrían puesto en peligro a los residentes de Missouri al ocultar información crucial sobre la propagación del virus, lo que, a su juicio, retrasó las respuestas adecuadas. Además, la demanda sostiene que el gobierno chino limitó deliberadamente las exportaciones de EPP, lo que provocó un aumento de precios y escasez de suministros. En 2020 y 2021, el Covid-19 fue la tercera causa de muerte en Missouri, lo que los abogados del estado atribuyen a la gestión de la crisis por parte de Pekín.
El caso fue desestimado en 2022 bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que restringe la capacidad de los tribunales estadounidenses para responsabilizar a gobiernos extranjeros por acciones no comerciales. Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió que la demanda avanzara en relación con la acusación de acaparamiento de suministros.
Decisión del juez y reacciones
El juez Stephen N. Limbaugh dictó el fallo el pasado viernes, afirmando que Missouri había presentado pruebas «satisfactorias» para responsabilizar a China por «acciones monopolísticas para acaparar EPP». Bailey celebró la decisión como un «hito» en la lucha por hacer que China rinda cuentas por lo que considera el desatado de la pandemia en el mundo. El fiscal general se comprometió a «recuperar cada centavo», lo que podría incluir la incautación de activos de propiedad china en Missouri, como tierras agrícolas.
Por su parte, el gobierno chino ha descalificado la demanda como un intento político sin fundamento. Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Estados Unidos, declaró que «la supuesta demanda no tiene base en los hechos, en la ley o en precedentes internacionales. China no acepta ni aceptará esto». Además, advirtió que si la decisión judicial perjudica los intereses de China, Pekín tomará «medidas de represalia». Anteriormente, el gobierno chino había calificado el caso como una «farsa», argumentando que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre las acciones soberanas de China.
