La Mesa del Congreso ha tomado la decisión de admitir a trámite la proposición de ley que busca delegar competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Esta decisión se basa en un criterio respaldado por los servicios jurídicos de la Cámara, que señalan que existen precedentes de propuestas similares que han sido aceptadas para su debate. Entre estos ejemplos se encuentran temas como el tráfico o los servicios meteorológicos, lo que proporciona un contexto legal para la discusión sobre la gestión de la inmigración.
Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se argumenta que el papel de la Mesa no es realizar un juicio político o constitucional, sino facilitar el debate en el Parlamento. La proposición, registrada el 4 de marzo, es resultado de un acuerdo entre el PSOE y Junts, y plantea que Cataluña asuma funciones esenciales en la gestión migratoria, como el control de fronteras, la administración de permisos de residencia y la coordinación de la seguridad en puertos y aeropuertos a través de los Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Gobierno considera esta delegación como un refuerzo del autogobierno catalán dentro del marco constitucional.
Reacciones y próximos pasos
La decisión ha suscitado reacciones encontradas en el ámbito político. Mientras que el PSOE y Sumar celebran la iniciativa como un avance significativo en el fortalecimiento del modelo autonómico, el Partido Popular (PP) y Vox han criticado la propuesta, considerándola inconstitucional. Ambos partidos argumentan que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y advierten que el traspaso de estas competencias podría sentar un precedente peligroso para otras comunidades autónomas. Con la admisión a trámite, el siguiente paso será su consideración en el Pleno del Congreso, lo que requerirá el apoyo de los aliados del Gobierno. Este proceso legislativo, sin embargo, podría enfrentar obstáculos debido a la oposición de algunos sectores dentro de Sumar y Podemos.
