Aprobación del Anteproyecto de Ley sobre Inteligencia Artificial en España
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar el anteproyecto de ley que regula el uso ético, inclusivo y beneficioso de la inteligencia artificial (IA) en España. Esta iniciativa busca armonizar la legislación nacional con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el cual fue ratificado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo del año pasado. El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayó la importancia de la IA como una herramienta poderosa que puede mejorar la vida de las personas, pero que también tiene el potencial de difundir desinformación y amenazar los valores democráticos.
El anteproyecto establece un marco normativo que protege los derechos digitales de los ciudadanos, identificando prácticas prohibidas. Por ejemplo, se considera una infracción grave el incumplimiento del etiquetado de textos, vídeos o audios generados con inteligencia artificial. López hizo hincapié en el riesgo de los llamados «deepfakes», que son contenidos manipulados que pueden causar daño a la integridad de las personas y a la confianza pública. Sin embargo, el ministro no proporcionó detalles específicos sobre el procedimiento de etiquetado, dejando esta tarea a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), que tiene la responsabilidad de establecer las normas correspondientes.
El Reglamento Europeo de IA, reconocido como el más avanzado en el ámbito global, clasifica las aplicaciones de IA según su nivel de riesgo. Este enfoque permite establecer diferentes requisitos y obligaciones, desde el uso sin restricciones para aplicaciones como filtros de spam, hasta la prohibición total de aquellas que manipulan conscientemente a las personas o explotan sus vulnerabilidades. Las tecnologías consideradas de «alto riesgo», como el reconocimiento biométrico y la evaluación de comportamientos en contextos educativos y laborales, estarán sujetas a supervisión constante. Asimismo, el reglamento establece que se deben realizar informes periódicos para actualizar la clasificación de nuevas aplicaciones, asegurando que se consideren adecuadamente en función de su impacto.
