La presión sobre la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) para finalizar y adoptar regulaciones en torno a la minería en aguas profundas ha ido en aumento. Mientras algunos estados miembros de la ISA esperan avances inminentes, un número creciente de naciones reclama más tiempo para investigar el impacto ambiental de la extracción de materiales del lecho marino y para desarrollar un marco regulatorio adecuado. En este contexto, un equipo de investigadores liderado por Pradeep Singh, del Instituto de Investigación para la Sostenibilidad (RIFS), ha abordado este tema en la revista Ocean Development & International Law.
Un total de 169 estados miembros de la ISA han expresado su apoyo a una pausa precautoria o moratoria sobre la minería en aguas profundas. Esta postura se ha visto inducida, en parte, por la activación en 2021 de una disposición del tratado conocida como la «regla de los dos años» por parte del estado insular de Nauru, la cual exige que la ISA desarrolle y adopte regulaciones para la minería en un periodo de dos años. Sin embargo, la ISA no logró llegar a un acuerdo sobre ninguna regulación antes de que venciera el plazo, lo que ha generado preocupación entre muchos estados y observadores respecto a la posibilidad de que se presente una solicitud de explotación sin un marco regulatorio adecuado.
Opciones legales para la regulación de la minería en aguas profundas
Ante la necesidad de abordar diversas cuestiones aún pendientes, se requiere una medida legal adecuada para retrasar cualquier actividad minera. Las preocupaciones medioambientales están en el centro de las peticiones para una moratoria o pausa precautoria en la minería en aguas profundas, pero existen otros «vacíos» que deben ser cubiertos antes de que las actividades mineras puedan ser reguladas, evaluadas y autorizadas de manera adecuada. Estos vacíos están relacionados con la investigación, la tecnología, la regulación y las ambigüedades institucionales y procedimentales, así como otros temas más amplios de gobernanza global.
Según los investigadores, existe una base legal clara para posponer la minería en aguas profundas bajo el derecho internacional, dado que los estados tienen numerosas obligaciones y responsabilidades que aún no se han cumplido antes de que estas actividades puedan comenzar de manera responsable. Singh señala que «hay más convergencias entre los términos ‘pausa precautoria’ y ‘moratoria’ que diferencias. El efecto es más importante que la etiqueta o la terminología». Tanto una pausa como una moratoria en la ISA pueden tener un «efecto congelante», en consonancia con el enfoque precautorio, sobre la transición de la exploración a la explotación.
La moratoria se describe como una detención formal y vinculante que tiene un peso considerable en el derecho internacional, y que generalmente requiere un acuerdo o resolución formal. Dada la complejidad de los intereses involucrados y la tendencia de la ISA a operar por consenso, lograr este tipo de acuerdo puede resultar complicado. Por lo tanto, una pausa precautoria podría ser considerada una medida más flexible, ya que puede surgir de acuerdos informales y contar con parámetros menos estrictos. Sin embargo, podría ser preferida por la ISA por razones pragmáticas, ya que podría enfrentar menos resistencia y conservar la intención de continuar desarrollando los marcos necesarios.
A pesar de los riesgos que implica la decisión de posponer las actividades de minería, como posibles tensiones geopolíticas o un desvío de atención hacia la minería en áreas bajo jurisdicción nacional, los autores del estudio concluyen que los beneficios de implementar una pausa superan cualquier decisión de avanzar con la explotación comercial en el lecho marino internacional.
Las negociaciones han demostrado ser complejas. Anteriormente, los miembros de la ISA habían acordado continuar las negociaciones sobre regulaciones con el objetivo de adoptar un marco regulatorio en 2025. Sin embargo, esta meta parece poco probable debido a los numerosos asuntos pendientes y a la falta de conocimiento científico que informe la toma de decisiones. Singh advierte que «es inevitable que se deba acordar un nuevo mapa de ruta». Además, si se presenta una solicitud de explotación en ausencia de regulaciones, esto podría prolongar aún más las negociaciones.
En última instancia, los miembros de la ISA se verán obligados a adoptar una postura ante la posibilidad de que se inicie la explotación sin regulaciones, lo que podría resultar en un mayor número de estados apoyando una pausa o moratoria. A pesar de la terminología utilizada, postergar el inicio de las actividades de explotación hasta que se cumplan las condiciones necesarias representa un camino lógico y responsable a seguir.
