La Comisión Europea ha decidido no pronunciarse sobre la reciente decisión de Rumanía de excluir al candidato independiente Calin Georgescu de la repetición de las elecciones presidenciales. Esta medida se produce tras la anulación de su victoria en la primera vuelta, que había conseguido con un 23% de los votos, debido a alegaciones de irregularidades en la campaña y supuestos vínculos con Moscú.
Georgescu, conocido por su postura crítica hacia la Unión Europea y la OTAN, así como por su oposición al apoyo a Ucrania, se enfrenta a un nuevo obstáculo en su carrera política. La Corte Constitucional de Rumanía invalidó su triunfo en noviembre, y el pasado domingo, la Oficina Electoral Central (BEC) le prohibió participar en la nueva elección programada para mayo.
La postura de la Comisión Europea
En una rueda de prensa, un representante de la Comisión Europea, Markus Lammert, afirmó que Bruselas “no interfiere de ninguna manera en las elecciones nacionales”, subrayando que estos procesos son responsabilidad de las autoridades y del pueblo de cada Estado miembro. Esta declaración ha sido interpretada como una forma de desmarcarse de la controversia que rodea la exclusión de Georgescu, dejando en manos de las instituciones rumanas la gestión de su sistema electoral.
Las acusaciones de irregularidades en la campaña de Georgescu han sido objeto de debate. Un informe reciente sugiere que las violaciones electorales podrían haber sido causadas por una firma de consultoría vinculada al Partido Nacional Liberal (PNL), que, en un intento por desacreditar a otro candidato, terminó elevando el perfil de Georgescu. Mientras tanto, Rusia ha negado cualquier implicación en el proceso electoral rumano, con la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakhharova, calificando las especulaciones de “infundadas”.
En un contexto más amplio, la situación de Georgescu se complica aún más por su reciente acusación de incitar a acciones contra el orden constitucional y promover ideologías fascistas, racistas o xenófobas. Él ha rechazado estas acusaciones, argumentando que son motivadas políticamente y parte de un intento por silenciar su voz en el panorama político rumano.
La exclusión de Georgescu y las circunstancias que la rodean plantean interrogantes sobre la integridad del proceso electoral en Rumanía y el papel de las instituciones europeas en la supervisión de la democracia en sus Estados miembros. A medida que se acercan las nuevas elecciones, el escrutinio sobre la legitimidad de estas decisiones se intensificará, tanto a nivel nacional como internacional.
