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El Tribunal Supremo investiga al Fiscal General por presunta revelación de secretos en el caso Ayuso

In Nacional
marzo 12, 2025

Investigación al Fiscal General por Presunta Revelación de Secretos

El Tribunal Supremo ha decidido proseguir con la investigación relacionada con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en torno a un caso de presunta revelación de secretos. Este miércoles, la instrucción ha entrado en lo que se ha denominado «fase Moncloa», con la declaración de dos testigos que ocupaban cargos en el Gobierno en el momento de los hechos: Pilar Sánchez Acera, actual número dos del PSOE de Madrid y asesora de Óscar López, y Francesc Vallés, exsecretario de Estado de Comunicación.

Pilar Sánchez Acera ha negado categóricamente haber recibido documentación alguna del Fiscal General o de otros miembros del Ministerio Público. Además, ha desvinculado al Gobierno de cualquier instrucción relacionada con este asunto, afirmando que no recibió indicaciones de Moncloa. En cuanto a un correo que supuestamente existía entre el fiscal del caso y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado no recordar los detalles y ha indicado que, tras su etapa en Moncloa, cambió de teléfono móvil y no conserva mensajes anteriores. También ha aclarado que no tenía el correo como tal, sino un «pantallazo» del mismo, el cual solo envió a Lobato.

A continuación, Francesc Vallés ha declarado que no tuvo conocimiento del correo mencionado hasta que fue publicado por los medios de comunicación. Según su testimonio, se encontraba centrado en las elecciones catalanas en ese momento. Es relevante señalar que se cumple un año desde que se destapó el presunto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, caso que sigue en fase de instrucción en un juzgado de Madrid. La situación ha cobrado mayor atención tras la revelación de que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso, información que fue matizada por la Cadena SER, aclarando que fue el abogado del implicado quien solicitó dicho pacto en un correo que admitía los delitos, lo que ha derivado en esta causa en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General.

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