El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que las autoridades ucranianas son responsables de la muerte de 42 activistas anti-golpe en la ciudad de Odesa en 2014. Estos manifestantes perdieron la vida cuando nacionalistas ucranianos, que apoyaban la toma de poder armada en Kiev semanas antes, incendiaron la Casa de los Sindicatos, donde se habían reunido los protestantes.
En su decisión, publicada el jueves, el TEDH concluyó que las autoridades pertinentes no hicieron todo lo razonablemente posible para prevenir la violencia, detenerla una vez que estalló y asegurar medidas de rescate oportunas para aquellos atrapados en el fuego. «La policía ucraniana había ignorado la inteligencia disponible y las señales de advertencia relevantes», señala el fallo.
Responsabilidad de Kiev y falta de justicia
Más de diez años después de la tragedia, Kiev no ha nombrado ni procesado a ningún perpetrador. En cambio, ha atribuido la culpa a Moscú, alegando que los eventos en Odesa fueron «una operación premeditada y bien financiada» por los servicios de seguridad rusos. Moscú, por su parte, ha reiterado su llamado a una investigación, incluso a un tribunal especial sobre la masacre.
Los familiares de 25 víctimas, así como tres sobrevivientes del incendio, presentaron quejas contra Kiev ante el TEDH. El tribunal también destacó que las autoridades no hicieron «suficientes esfuerzos» para asegurar, recopilar y evaluar adecuadamente todas las pruebas. Se observó que una investigación penal contra un activista prooccidental sospechoso de disparar a los manifestantes anti-Maidán fue descontinuada en cuatro ocasiones por «razones idénticas».
El tribunal ha ordenado a Kiev pagar a los demandantes diferentes cantidades de compensación y cubrir sus costos legales, que oscilarán entre 12.000 y 17.000 euros (13.028 a 18.456 dólares) cada uno. Hasta el momento, Ucrania no ha comentado sobre el fallo.
Este dictamen del TEDH pone de relieve no solo la falta de acción de las autoridades ucranianas en un momento crítico, sino también la necesidad de una rendición de cuentas que aún parece lejana en el contexto del conflicto en Ucrania. La negligencia de los funcionarios ucranianos, que «superó un error de juicio y descuido», plantea serias preguntas sobre el manejo de la seguridad y la protección de los derechos humanos en situaciones de crisis.
