La administración del expresidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de medidas que revocan importantes regulaciones medioambientales implementadas durante el mandato de su predecesor, Joe Biden. Estas acciones, según el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, representan «el día de desregulación más grande y significativo en la historia de Estados Unidos». La propuesta busca, entre otras cosas, «liberar la energía americana» y «revitalizar la industria automotriz estadounidense».
Entre las decisiones más relevantes se encuentra la revisión de una normativa establecida para 2024 que obligaba a las plantas de energía a carbón a eliminar casi todas sus emisiones de carbono o a comprometerse a cerrar. Esta medida había sido aclamada por grupos ambientalistas como un cambio de juego en la lucha contra el cambio climático. Se esperaba que, a partir de 2032, la normativa evitara la emisión de 1.4 mil millones de toneladas métricas de carbono en la atmósfera, una cifra equivalente a las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sector energético en 2022.
Consecuencias de la desregulación
Organizaciones como Evergreen Action han criticado estas acciones, afirmando que «los contaminadores corporativos están celebrando porque la EPA de Trump les ha otorgado un pase libre para emitir contaminación climática sin límites». Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha desestimado el cambio climático, calificándolo de «estafa», y ha comenzado a implementar recortes de personal en la NOAA, una agencia crucial para la investigación climática en el país.
El nuevo paquete de desregulación también se enfoca en los estándares de emisiones de vehículos, programados para entrar en vigor en 2027, que Trump ha descalificado como un «mandato de vehículos eléctricos». Otro cambio significativo es la redefinición de lo que se considera «aguas de los Estados Unidos» bajo la Ley de Agua Limpia, lo que podría reducir la protección de humedales y pequeños arroyos vitales para el ecosistema y el suministro de agua potable.
Earthjustice, una organización ambientalista, ha advertido que estas modificaciones excluyen vastas áreas de humedales, ecosistemas esenciales que filtran agua y proporcionan protección contra inundaciones. Además, se prevé la eliminación de las oficinas de justicia ambiental de la EPA, que abordan la contaminación en comunidades de bajos ingresos y minoritarias, como la conocida «Cancer Alley» de Luisiana, que representa cerca de una cuarta parte de la producción petroquímica de EE. UU.
El presupuesto de la EPA se espera que se reduzca en un 65%, lo que conllevará despidos masivos en la agencia, un hecho que podría resultar devastador para los esfuerzos de regulación medioambiental en el país. Matthew Tejada, del Consejo de Defensa de Recursos Naturales, ha declarado que «la EPA de Trump nos está llevando de vuelta a una época de contaminación desenfrenada, exponiendo a todos los estadounidenses a químicos tóxicos, aire sucio y agua contaminada».
