En el contexto actual de la política estadounidense, es relevante analizar los movimientos del presidente Donald Trump y su administración, particularmente en lo que respecta a la regulación de las criptomonedas y la inteligencia artificial. Recientemente, David Sacks, quien se desempeña como el encargado de AI y crypto en la Casa Blanca, ha realizado una venta significativa de activos digitales, valorados en más de 200 millones de dólares. Esta decisión, según un memorándum del consejo de la Casa Blanca, busca evitar cualquier apariencia de conflicto de interés en el desempeño de su nuevo cargo.
Entre los activos vendidos se destaca que al menos 85 millones de dólares son directamente atribuibles a Sacks. Este movimiento contrasta notablemente con la administración anterior, donde los conflictos de interés fueron una constante. Trump, además de gestionar su vasta cartera inmobiliaria, mantiene una participación considerable en Trump Media & Technology Group, empresa matriz de la red social Truth Social, y ha lanzado varios proyectos de criptomonedas cuyo valor puede fluctuar en función de las políticas gubernamentales.
Un aspecto digno de mención es el lanzamiento del token conocido como $TRUMP, realizado tres días antes de su toma de posesión, a través de CIC Digital LLC, que posee el 80% de la oferta total del token. Este tipo de iniciativas pone de manifiesto el entrelazamiento de intereses económicos y políticos en la administración actual, donde los miembros del gabinete también están reportados como poseedores de inversiones significativas en criptomonedas.
Divulgación de activos y regulaciones
En un episodio reciente del popular podcast All-In, Sacks argumentó que su decisión de vender activos digitales responde a una necesidad de transparencia y evitar conflictos de interés, especialmente ante las críticas de figuras como la senadora Elizabeth Warren. Esta última ha expresado preocupaciones sobre la integridad de las decisiones de Sacks, instando a una divulgación completa de sus inversiones en criptomonedas.
El pasado 6 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin, la cual no incluirá otras criptomonedas. Esta acción se financiará exclusivamente a través de tokens confiscados en casos penales y civiles, lo que, según Sacks, asegura que no habrá carga fiscal para los contribuyentes. Además, se creará un Stockpile de Activos Digitales gestionado por el Departamento del Tesoro, destinado a almacenar criptomonedas confiscadas.
Los activos digitales han tomado un rol protagónico en la economía moderna, y la forma en que la administración Trump los aborda podría cambiar el panorama regulatorio en Estados Unidos. Sin embargo, la relación entre política y criptomonedas plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión pública, un aspecto que merece ser explorado en profundidad en el futuro.
