La reciente detención y extradición del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las acciones emprendidas por las autoridades. Salvador Panelo, quien fue su abogado y portavoz, ha afirmado que estas acciones violan tanto la legislación filipina como las normas del Tribunal Penal Internacional (CPI).
Duterte fue arrestado en el aeropuerto internacional de Manila y posteriormente trasladado a La Haya, donde se encuentra bajo la custodia del CPI. Este tribunal le imputa crímenes de lesa humanidad relacionados con su controvertida guerra contra las drogas, que tuvo lugar entre 2016 y 2022.
Panelo ha calificado el arresto como “ilegal”, argumentando que se llevó a cabo “sin una orden de arresto” y que la detención en la base aérea de Villamor fue “ilegal” y un acto de “secuestro”. Según su declaración, la orden de arresto provino de una fuente “espuria” que carece de jurisdicción en Filipinas.
Cuestionamientos sobre la jurisdicción del CPI
Es importante señalar que Filipinas no es miembro del CPI desde 2019, tras la decisión de Duterte de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal. Panelo ha subrayado que, de acuerdo con la ley filipina, cualquier orden de arresto extranjera debe ser aprobada por un tribunal local. Asimismo, ha indicado que, según el Estatuto de Roma, cualquier solicitud de arresto por parte del CPI debe ser referida al estado miembro y pasar por una autoridad judicial, lo cual no ocurrió en este caso.
Panelo también ha expresado su preocupación por el futuro político de la hija de Duterte, la vicepresidenta Sara Duterte, sugiriendo que podría ser objeto de una orden similar para impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2028. Este comentario surge en un contexto de tensiones políticas entre Sara Duterte y el actual presidente, Bongbong Marcos, que han llevado a procedimientos de impeachment contra la vicepresidenta.
Por último, Panelo ha defendido las acciones de Duterte en la lucha contra el narcotráfico, argumentando que estas contribuyeron a reducir la criminalidad en el país y que la culpabilidad o inocencia del expresidente debería ser determinada por los tribunales filipinos.
