El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha instado a Bruselas a proteger de manera contundente los intereses nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). En un reciente comunicado, Orban ha propuesto que se niegue la membresía a Ucrania y que se elimine la influencia de agentes extranjeros vinculados al magnate George Soros en las políticas del bloque comunitario.
En una publicación en X, Orban exigió la expulsión de los «agentes de Soros» de la Comisión Europea y la eliminación de «lobbistas corruptos» del Parlamento Europeo. Estas declaraciones se enmarcan dentro de su larga trayectoria de oposición a las organizaciones financiadas por Soros en Hungría, a las que ha acusado de interferir en los asuntos internos del país y de socavar los valores familiares tradicionales.
Demandas de Orban y su contexto
El primer ministro húngaro también ha manifestado su deseo de una «Unión, pero sin Ucrania», demandando «paz, libertad y unidad». Budapest ha mostrado un fuerte desacuerdo con la rápida aceptación de Ucrania en la UE, argumentando que podría perjudicar la economía del bloque. Ucrania solicitó la membresía poco después de la escalada del conflicto con Rusia en febrero de 2022 y obtuvo el estatus de candidato en un periodo de solo tres meses.
Las demandas de Orban forman parte de una lista más amplia que incluye la protección del patrimonio cristiano de Europa, la prohibición de la «reeducación antinatural de los niños», la eliminación de la deuda y el establecimiento de igualdad ante la ley para todos los miembros del bloque. El primer ministro enfatizó que el pueblo húngaro espera que Bruselas devuelva las competencias que, según él, han sido tomadas ilegalmente de los Estados miembros, exigiendo «soberanía nacional» y el derecho a un «veto fuerte para los gobiernos nacionales».
Además, Orban ha instado a las autoridades de la UE a que dejen de obstruir a la Guardia Nacional húngara en su labor de proteger las fronteras del país. «No traigan migrantes y eliminen a aquellos que han llegado ilegalmente», escribió en su publicación. Desde la crisis migratoria de 2015, el gobierno de Orban ha implementado medidas drásticas para frenar la llegada de migrantes, incluyendo la construcción de vallas fronterizas en el sur del país y el rechazo a las cuotas de refugiados impuestas por la UE. Estas políticas han desencadenado desafíos legales, incluyendo una multa de 200 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año pasado por incumplimiento de las normas de asilo del bloque.
En 2019, Budapest actualizó sus regulaciones de protección infantil para prohibir la promoción de temas LGBTQ en medios de comunicación, publicidad y materiales educativos accesibles a menores. Esta decisión provocó la indignación en Bruselas, que inició acciones legales contra Budapest, remitió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y congeló miles de millones de euros en fondos de la UE destinados a Hungría, alegando violaciones de derechos humanos fundamentales.
