Un jurado popular en Dakota del Norte ha dictado que la organización ecologista Greenpeace debe indemnizar a la empresa Energy Transfer (ET) con cientos de millones de dólares por incitar a protestas que derivaron en actos de vandalismo. Esta decisión se produce en el contexto de las manifestaciones de la tribu sioux de Standing Rock en 2016, que se oponían a la construcción del oleoducto Dakota Access.
El jurado consideró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que argumentó que las acciones de la organización ecologista retrasaron el proyecto y aumentaron los costos. Energy Transfer solicitaba 300 millones de dólares (aproximadamente 287 millones de euros), una suma que Greenpeace ha declarado que podría poner en peligro su existencia.
En su demanda, ET incluyó a varias entidades de Greenpeace, como Greenpeace International, Greenpeace Inc y Greenpeace Fund. La organización ecologista ha negado las acusaciones, sosteniendo que su papel fue simplemente apoyar las protestas y no instigar su desarrollo.
Implicaciones de la Sentencia
El veredicto se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP), un tipo de litigio civil que se utiliza cada vez más por corporaciones y grupos poderosos para silenciar a activistas, opositores y periodistas. Durante las protestas, que se llevaron a cabo entre 2016 y 2017, miles de manifestantes acamparon durante meses, argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que representaba un riesgo para el suministro de agua.
Según The New York Times, Kelcy Warren, cofundador y presidente de Energy Transfer, uno de los mayores donantes de la campaña presidencial de Donald Trump, afirmó que los manifestantes habían creado «una narrativa totalmente falsa». Por su parte, uno de los abogados de ET, Trey Cox, argumentó que Greenpeace había explotado un asunto local para promover su propia agenda.
Tras el veredicto, Kristin Casper, consejera general de Greenpeace International, declaró que la lucha contra las petroleras «no termina aquí». La organización ha anunciado su intención de presentar una demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión y la protesta pacífica, con vistas a un juicio en Ámsterdam este mes de julio.
Energy Transfer, por su parte, ha calificado la decisión como una victoria para los habitantes de Dakota del Norte, quienes, según la empresa, sufrieron el acoso diario de manifestantes «financiados y entrenados por Greenpeace». Esta situación pone de relieve las tensiones entre las corporaciones energéticas y los movimientos ecologistas, así como las implicaciones legales que pueden surgir de las protestas en defensa del medio ambiente.
