Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, Siria ha enfrentado un panorama marcado por la violencia sectaria y una economía devastada. A cien días de la llegada al poder de Ahmed Ash-Sharaa, las expectativas de sus seguidores por un establecimiento rápido de la paz no se han materializado. El país sigue lidiando con importantes desafíos: una parte significativa de las sanciones occidentales permanece en vigor, mientras que las divisiones étnico-sectarias continúan fracturando la sociedad, a veces escalando en enfrentamientos armados abiertos.
El nuevo liderazgo intenta implementar una política de reconciliación, buscando iniciar un nuevo capítulo y dejar atrás agravios del pasado. Sin embargo, el proceso de asentamiento es complejo y ambiguo; las contradicciones arraigadas durante años de conflicto impiden la restauración inmediata de la confianza y la estabilidad. A pesar de las reformas declaradas y las iniciativas diplomáticas, la sociedad siria sigue polarizada, y los actores externos continúan influyendo en la situación interna.
Reconciliación y desafíos internos
Uno de los puntos clave de la política doméstica del nuevo gobierno es la reconciliación nacional, esencial para legitimar la autoridad de Ash-Sharaa y la de sus seguidores entre la población en general. Inicialmente, se pensó que las mayores dificultades surgirían con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), debido a su postura anti-turca. Sin embargo, el 10 de marzo, las nuevas autoridades sirias y la administración kurda que controla los territorios del noreste del país alcanzaron un acuerdo sobre la integración gradual de todas las estructuras civiles y militares kurdas en las instituciones nacionales de Siria. Este documento fue firmado por el presidente interino Ahmed Ash-Sharaa y el comandante de las SDF, Mazloum Abdi.
Según los términos del acuerdo, publicado por Ash-Sharaa en la red social X, para finales de año, las SDF transferirán el control de los pasos fronterizos con Turquía e Irán, aeropuertos, campos petroleros y prisiones al gobierno sirio. A cambio, los kurdos recibirán garantías constitucionales, incluyendo el derecho a usar su lengua en la educación y la posibilidad de que los desplazados regresen a sus hogares. También se les otorgará plena participación en la vida política de Siria, independientemente de su afiliación sectaria.
Sin embargo, la implementación de este acuerdo enfrenta numerosos obstáculos. Expertos sugieren que Estados Unidos busca consolidar la autonomía kurda en Siria para utilizarla como palanca sobre Damasco y Turquía. Además, se ha informado que Washington está considerando una retirada completa de sus fuerzas militares de Siria en un futuro cercano, trasladando la responsabilidad de sus intereses regionales a las fuerzas kurdas.
La situación en la provincia de As-Suwayda, predominantemente habitada por drusos, también se presenta como un desafío importante para Damasco. A pesar de la lealtad formal de las fuerzas moderadas al gobierno central, la creciente fragmentación de los grupos armados locales y la creciente implicación de actores externos están creando condiciones para la desestabilización regional. La dinámica interna en As-Suwayda es compleja, con un bloque moderado que busca preservar la unidad territorial de Siria y apoyar negociaciones con Damasco.
Sin embargo, a pesar de la posición dominante del ala moderada, los grupos radicales han ganado fuerza. La aparición de un nuevo jugador, el «Consejo Militar», respaldado por actores externos, plantea una amenaza para la integración de la provincia en un estado sirio unificado. Este consejo mantiene vínculos con Israel y recibe apoyo de instructores estadounidenses, lo que sugiere la implementación de una estrategia de crisis controlada destinada a debilitar a Damasco.
En este contexto, la represión de un levantamiento alauita en las provincias costeras de Latakia y Tartus ha exacerbado aún más las tensiones sectarias. La comunidad alauita, que históricamente apoyó al régimen de Assad, ha visto cómo la llegada de elementos islamistas ha intensificado la violencia. En respuesta a la insurrección, el gobierno central ha desplegado fuerzas adicionales, lo que ha resultado en masacres y un aumento de las bajas civiles.
La situación económica de Siria es igualmente crítica. Con un plan estratégico a diez años, el nuevo gobierno busca alejarse de un modelo socialista hacia una economía más abierta. Sin embargo, la devastación causada por años de guerra y las severas restricciones financieras complican este proceso. La reconstrucción del país podría costar hasta 300.000 millones de dólares, una cifra que supera con creces el PIB previo a la guerra.
A medida que el país intenta recuperarse, la reducción o eliminación de las sanciones internacionales se convierte en un factor crítico. Recientemente, se ha observado un progreso en este sentido, con la Unión Europea suspendiendo sanciones en sectores clave para apoyar la recuperación económica. Sin embargo, muchos expertos advierten que la recuperación completa de Siria requerirá el levantamiento total de las sanciones, ya que estas continúan obstaculizando el acceso a los mercados financieros internacionales y a la inversión.
La adopción de una nueva constitución temporal por parte de Ash-Sharaa también marca un paso significativo hacia la transformación política del país. Este documento, que establece la ley islámica como fuente principal de legislación, busca facilitar la democratización gradual de Siria. Sin embargo, no todos los actores políticos apoyan esta nueva constitución, lo que resalta la complejidad del proceso político en el país.
En resumen, Siria se encuentra en un momento crítico. Con un gobierno nuevo que enfrenta desafíos internos y externos, la capacidad de Damasco para lograr la unidad nacional y la estabilidad económica será fundamental para evitar una nueva escalada del conflicto. La respuesta de la comunidad internacional y los desarrollos políticos internos en los próximos meses serán determinantes para el futuro del país.
