En los primeros meses de la presidencia de Donald Trump, su administración ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre la interpretación del poder ejecutivo y su relación con la separación de poderes. Las acciones del presidente han sido calificadas por algunos analistas como una crisis constitucional, dado que ha desafiado en múltiples ocasiones las decisiones judiciales y ha ignorado órdenes de los tribunales. Este fenómeno se ha manifestado en más de 150 demandas contra su gobierno, donde jueces han denunciado la falta de cumplimiento de las órdenes judiciales.
Uno de los casos más significativos se produjo cuando Trump inició deportaciones de inmigrantes a El Salvador invocando una ley de guerra de 1798. El juez federal James Boesberg, en una vista de emergencia, ordenó al gobierno que detuviera los vuelos de deportación, pero la administración no solo ignoró la orden verbal, sino que continuó desafiando al magistrado al negarse a proporcionar información sobre los vuelos.
Desafíos al Poder Judicial
El desafío de Trump a la autoridad judicial ha escalado en los últimos días. En un ataque directo, el presidente se refirió a Boesberg como un “lunático radical de izquierdas” y ha exigido su destitución mediante un juicio político. Esta retórica ha llevado a una inusual reprimenda pública por parte del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien recordó que el impeachment no es una respuesta adecuada a un desacuerdo sobre decisiones judiciales.
A pesar de la reprimenda, Trump ha persistido en sus ataques, utilizando su plataforma en redes sociales para continuar cuestionando la legitimidad del juez. Sus abogados han argumentado que la seguridad nacional justifica su desobediencia a las órdenes judiciales, pero el juez Boesberg ha enfatizado que la respuesta adecuada a una decisión judicial cuestionada es la apelación, no la desobediencia.
Este clima de desafío no es exclusivo de Trump. Varios miembros de su administración y aliados, incluyendo figuras como Elon Musk, han respaldado la idea de destituir a Boesberg, mientras que Tom Homan, el ‘zar de inmigración’, ha declarado que no se detendrán ante las decisiones judiciales. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también ha arremetido contra el juez, acusándolo de intentar usurpar la autoridad del ejecutivo.
Expertos legales advierten que la administración de Trump está llevando el sistema constitucional estadounidense al límite. Según el profesor de Derecho Jamal Greene, un presidente que actúa sin restricciones hasta que es detenido representa una crisis constitucional, independientemente de si alguna vez es frenado. Por su parte, Aziz Huq, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, sugiere que estamos ante un orden constitucional completamente diferente, donde la ley se convierte en una herramienta para perjudicar a los adversarios políticos en lugar de una guía para la gobernanza.
