Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado la aplicación de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que prohibía a las personas transgénero servir en las fuerzas armadas del país. Esta decisión se produce en un contexto de creciente debate sobre los derechos de las personas LGBTQ+ en el ámbito militar y más allá.
La orden, emitida por Trump una semana después de asumir la presidencia en enero de 2017, prohibía a las personas transgénero alistarse y exigía al Departamento de Defensa identificar y despedir a todos los miembros del servicio que tuvieran un diagnóstico actual o historial de disforia de género. La jueza del Tribunal de Distrito de Washington D.C., Ana Reyes, dictó el fallo el pasado martes, señalando que la prohibición está «empapada de animosidad» y viola la cláusula de protección igualitaria al discriminar por motivos de identidad de género y sexo.
Un fallo contundente
En su decisión, Reyes, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden, argumentó que el lenguaje de la orden es «descaradamente despectivo» y que la política estigmatiza a las personas transgénero como inherentemente no aptas. «Sus conclusiones no tienen relación con los hechos», escribió la jueza. Además, subrayó que el gobierno podría haber elaborado una política que equilibrara la necesidad de un ejército preparado con el derecho de los estadounidenses a la protección igualitaria, y que aún tiene la oportunidad de hacerlo.
La jueza retrasó la efectividad de su orden judicial preliminar hasta el viernes, permitiendo que el Departamento de Justicia impugnara la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia. Un portavoz del Departamento de Justicia calificó el fallo de Reyes como «el último ejemplo de un juez activista que intenta usurpar el poder a expensas del pueblo estadounidense que votó abrumadoramente por el presidente Trump».
La demanda que buscaba bloquear la orden ejecutiva fue presentada por un grupo de miembros activos del servicio militar transgénero y seis personas trans que estaban en proceso de alistamiento, quienes afirmaron que la política es «inconstitucional». Según un alto funcionario de defensa de EE. UU., aproximadamente 4,200 soldados actualmente en servicio en el Ejército, la Guardia Nacional y las reservas han sido diagnosticados con disforia de género.
