El gobierno británico está considerando la posibilidad de pagar a países de los Balcanes occidentales para que acepten a solicitantes de asilo rechazados. Según un informe publicado por The Times, esta propuesta surge en medio de la crisis de inmigración que enfrenta el Reino Unido, donde miles de migrantes intentan cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.
A pesar de las diversas medidas implementadas por Londres para controlar la inmigración, las encuestas recientes indican que este tema sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos británicos, solo superada por la economía. Un 72% de la población opina que el gobierno maneja de manera ineficaz la cuestión migratoria.
Propuesta de «centros de retorno»
Las fuentes del gobierno han señalado que se está evaluando un acuerdo en el que países como Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, y Macedonia del Norte recibirían una compensación económica por cada solicitante de asilo que sea rechazado. Estos «centros de retorno» se utilizarían para deportar a migrantes de países con los que el Reino Unido no tiene acuerdos de repatriación.
El esquema propuesto contempla la reubicación de solicitantes de asilo rechazados provenientes de países considerados inseguros según la legislación británica, como Afganistán, Irán y Somalia, a estos centros en los Balcanes. Por otro lado, aquellos que provengan de naciones consideradas seguras, como Vietnam, Pakistán e India, podrían ser detenidos temporalmente en estos centros mientras se organizan sus deportaciones.
El Primer Ministro británico, Keir Starmer, busca colaborar con otros países europeos que están considerando la creación de estos centros en estados terceros. Se ha informado que los Países Bajos están en conversaciones con el gobierno de Uganda sobre un esquema similar.
En julio de 2024, el Reino Unido abandonó sus planes de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda, una política controvertida que fue desestimada tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones. Starmer calificó el plan de «muerto», en oposición a la afirmación de su predecesor, Rishi Sunak, de que esta medida ayudaría a «detener los barcos». La máxima corte del Reino Unido había declarado que Ruanda no era un lugar seguro para los deportados.
El año pasado, la Secretaria de Estado para el Interior, Yvette Cooper, anunció una serie de medidas destinadas a abordar la inmigración y fortalecer la seguridad fronteriza. Estas medidas, que incluyen un aumento en la capacidad de detención y sanciones a empleadores que contraten trabajadores de forma ilegal, han sido criticadas como un «desperdicio de dinero público». Los detractores argumentan que estas políticas carecen de detalles y no reconocen «la dignidad y humanidad de los migrantes».
