El caso de Fabian Schmidt, un ingeniero eléctrico de 34 años con residencia legal en Estados Unidos, ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por las tácticas de detención y deportación de inmigrantes en el país. Schmidt, que regresaba a su hogar en New Hampshire tras un viaje a Luxemburgo, fue detenido el 7 de marzo en el aeropuerto de Boston. Según su abogado, fue sometido a «tácticas de interrogatorio innecesarias» y, tras ser encarcelado en condiciones inhumanas, se encuentra actualmente en un centro de detención en Rhode Island, a la espera de su deportación, sin que se hayan presentado cargos en su contra.
Este caso es solo uno de varios que han salido a la luz recientemente, reflejando una escalada en la agresividad de las tácticas de los agentes de fronteras durante la presidencia de Donald Trump. La política de inmigración de Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración, no solo de quienes llegan sin papeles, uno de los ejes centrales de su mandato. En este contexto, se han reportado otros casos de turistas y residentes legales que han sido detenidos y deportados sin justificación clara.
Casos de deportaciones injustificadas
Entre los casos destacados se encuentran el de Lucas Sielaff, un fontanero alemán que fue detenido en la frontera de California tras regresar de un viaje a México. A pesar de no haber violado los términos de su visa de turista, fue acusado de vivir ilegalmente en Estados Unidos y pasó 16 días en un centro de detención antes de poder regresar a Alemania. Otro caso es el de Jessica Brösche, una artista de tatuajes que fue deportada tras ser acusada de trabajar ilegalmente en el país, a pesar de que llevaba su equipo de trabajo para realizar un evento.
La situación ha llevado a Alemania a actualizar sus advertencias de viaje a Estados Unidos, advirtiendo sobre un endurecimiento en los controles fronterizos. El Reino Unido también ha emitido alertas similares, reflejando la creciente preocupación por la seguridad de sus ciudadanos en el contexto de las políticas migratorias de Trump. Además, se han emitido advertencias específicas para ciudadanos transgénero y no binarios, quienes enfrentan riesgos adicionales debido a las políticas que solo reconocen dos géneros en la documentación oficial.
El clima de incertidumbre se agrava con la preparación de un nuevo veto más amplio que el implementado durante su primera presidencia, que podría afectar a 41 países, incluyendo restricciones severas para aquellos con mayorías musulmanas. Este veto se suma a la creciente represión de la libertad de expresión y disenso, evidenciada en los casos de académicos y activistas detenidos sin cargos claros.
La administración Trump defiende estas medidas como una aplicación estricta de las leyes de inmigración, argumentando que los permisos y visados son un «privilegio», no un derecho. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha llevado a universidades y empresas a reconsiderar sus relaciones con estudiantes y empleados internacionales, creando un ambiente de temor y desconfianza.
En este contexto, abogados y expertos han comenzado a advertir a los viajeros sobre la importancia de ser cautelosos con la información que comparten en redes sociales y dispositivos electrónicos, ya que las autoridades migratorias tienen la capacidad de realizar registros exhaustivos en los controles fronterizos. Las medidas han sido calificadas como «extremas» por expertos en inmigración, quienes consideran que se están llevando a cabo prácticas que van más allá de lo que se había visto anteriormente.
