La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ha calificado a los manifestantes pro-palestinos en las universidades como “terroristas domésticos”, advirtiendo que las instituciones educativas podrían perder fondos federales si no abordan adecuadamente el antisemitismo en sus campus. Esta declaración se produjo en un contexto de creciente tensión en varias universidades, incluyendo la Universidad de Columbia, donde se han registrado protestas significativas en respuesta al conflicto en Gaza.
En una entrevista con Fox News, Bondi instó a las universidades a tomar medidas más contundentes para proteger a los estudiantes judíos, afirmando que “es absurdo que estas universidades no intervengan para protegerlos, mientras que están protegiendo a estos manifestantes que, en mi opinión, son también algunos terroristas domésticos”. Aunque no proporcionó ejemplos concretos de los incidentes que sustentan su afirmación, su retórica ha generado un debate intenso sobre la libertad de expresión y el derecho a protestar en el ámbito académico.
Contexto de las Protestas Universitarias
Las manifestaciones en las universidades de EE. UU. han aumentado desde el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023, que resultó en la muerte de aproximadamente 1,200 personas y la toma de 250 rehenes. En respuesta, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una ofensiva a gran escala que, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha causado más de 50,000 muertes y ha devastado gran parte del enclave palestino. Universidades como Columbia, UC Berkeley, Harvard, Yale, Michigan y Northwestern se han convertido en focos de esta movilización estudiantil, donde los estudiantes demandan el fin del apoyo de Washington a Israel.
Los manifestantes, incluidos estudiantes judíos, sostienen que la crítica a la política israelí no equivale a antisemitismo y que la defensa de los derechos palestinos se alinea con los valores fundamentales de Estados Unidos. Sin embargo, otros en el campus han expresado que las protestas han creado un ambiente hostil. Un grupo de trabajo de la Universidad de Columbia encontró posteriormente problemas “serios y generalizados” que afectan a los estudiantes judíos, lo que ha llevado a un debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de las comunidades vulnerables en el entorno universitario.
La administración de Donald Trump ya había amenazado con retirar 400 millones de dólares en fondos de Columbia por su supuesta inacción ante el acoso antisemita. En febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. formó un grupo de trabajo interagencial centrado en combatir el antisemitismo, con la prioridad de abordar el acoso en escuelas y universidades, buscando “erradicar” el comportamiento antisemita en los campus de todo el país.
