La situación en Turquía se ha vuelto tensa tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, un destacado político de la oposición. La policía ha recurrido a la violencia para dispersar a los manifestantes que se han congregado en apoyo a Imamoglu, quien fue arrestado el pasado miércoles bajo acusaciones de corrupción y vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado un grupo terrorista en Turquía.
Las protestas han continuado durante cinco días, a pesar de la prohibición de reuniones en la ciudad más grande del país. Mientras algunas manifestaciones se han desarrollado de manera pacífica, otras han terminado en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Imágenes de la represión policial muestran a agentes en equipo antidisturbios golpeando y pateando a los manifestantes en las inmediaciones del ayuntamiento de Estambul.
Contexto político y reacción de la oposición
Imamoglu, que se postuló como vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2023 y es considerado el candidato principal del Partido Republicano del Pueblo (CHP) para las elecciones presidenciales de 2028, ha negado las acusaciones en su contra, afirmando que la persecución judicial es de carácter político. Un tribunal de Estambul ha aprobado su arresto y, como consecuencia, ha sido suspendido de su cargo.
El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ha declarado que algunos agentes de policía fueron atacados durante las manifestaciones y ha advertido que no se tolerará el vandalismo ni las amenazas a la paz y seguridad de la nación. Por su parte, el líder del CHP, Ozgur Ozel, ha rechazado cualquier insinuación de que su partido haya instado a la violencia, subrayando que el derecho a la protesta es un derecho constitucional que debe ser respetado.
La situación en Turquía refleja un clima de creciente tensión política y social, donde las acciones del gobierno y la respuesta de la oposición están generando un debate sobre la democracia y los derechos civiles en el país.
