El mercado del crédito privado ha experimentado un crecimiento notable, pasando de 1 billón de dólares en 2020 a 1,5 billones a comienzos de 2024, según el proveedor de datos alternativos Preqin. Esta tendencia se proyecta para alcanzar los 2,6 billones de dólares para 2029, lo que refleja un interés creciente por parte de los inversores en este tipo de instrumentos financieros. Sin embargo, este atractivo viene acompañado de un importante inconveniente fiscal que merece atención.
Desafíos fiscales del crédito privado
Las ganancias obtenidas a través del crédito privado se gravan como ingresos ordinarios, sometiéndose a una tasa impositiva federal máxima del 40,8%, en contraposición a las ganancias de capital a largo plazo, que tienen un límite del 23,8%. Este desfase impositivo puede resultar en pérdidas significativas para los inversores. Por ejemplo, una inversión de 5 millones de dólares en crédito privado podría generar una carga fiscal de 4,3 millones a lo largo de 10 años y de 61 millones en un periodo de 30 años, como señala Bernstein Private Wealth Management.
Para mitigar su responsabilidad fiscal, los inversores tienen varias opciones. La más directa es invertir a través de una cuenta de jubilación Roth IRA, aunque estas cuentas están restringidas para los altos ingresos. Ante esta limitación, muchos inversores de gran patrimonio están optando por productos de seguros que permiten ahorrar en impuestos. En vez de invertir directamente en un fondo de crédito privado, adquieren pólizas de seguro que invierten las primas en una cartera diversificada de fondos.
Según Yasho Lahiri, abogado de fondos y socio en Kramer Levin, «se está gravando el producto del seguro, en lugar de gravar la inversión subyacente en crédito privado». Los fondos dedicados a seguros (IDFs) han crecido de manera exponencial, aunque su número exacto es incierto, ya que muchos de estos fondos no están registrados. Para cumplir con los requisitos del IRS, los IDFs deben ser diversificados, lo que puede resultar en rendimientos inferiores a los que se obtendrían al elegir un fondo de alto rendimiento específico. No obstante, estos fondos ofrecen otros beneficios, como una mejor liquidez en comparación con los fondos de crédito privado.
Existen dos opciones principales para invertir en un IDF. La opción más económica es adquirir un contrato de anualidad variable de colocación privada (PPVA) con una compañía de seguros. Esta póliza puede ser adecuada para clientes que tengan activos invertibles en un rango de 5 a 10 millones de dólares. Sin embargo, los impuestos sobre la renta asociados a esta inversión solo se aplazan hasta que el propietario de la póliza realiza un retiro o cancela el contrato.
La opción más eficiente en términos fiscales es la póliza de seguro de vida de colocación privada (PPLI). Si se estructura correctamente, el beneficio por fallecimiento del propietario de la póliza no se grava cuando se paga a los beneficiarios. Aunque algunos clientes pueden mostrarse reacios ante la prima inicial multimillonaria y el proceso de suscripción engorroso de las pólizas de PPLI, este enfoque puede resultar beneficioso. Dietz sugiere que estos vehículos son adecuados para clientes que cuentan con al menos 10 millones de dólares en activos invertibles.
Es importante destacar que, dado que tanto las PPLI como las PPVAs son productos financieros no registrados, solo pueden ser adquiridos por inversores acreditados o compradores calificados. Los inversores acreditados deben tener un ingreso anual de al menos 200,000 dólares o un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares, sin contar la residencia personal. Para los compradores calificados, el umbral de activos invertibles aumenta a 5 millones de dólares. Sin embargo, estos umbrales no se han ajustado a la inflación o al crecimiento del mercado bursátil, lo que ha facilitado el acceso a los IDFs, según Lahiri.
La PPLI se ha convertido en una herramienta poderosa para la evasión fiscal, que puede ser utilizada sin los IDFs y para transmitir una amplia variedad de activos, incluyendo negocios enteros, sin impuestos. Este fenómeno ha llamado la atención del Congreso estadounidense, donde una investigación del Comité de Finanzas del Senado describió la industria de PPLI como «al menos un refugio fiscal de 40,000 millones de dólares utilizado exclusivamente por solo unos pocos miles de estadounidenses adinerados». A pesar de los intentos de regular esta práctica, la demanda por el crédito privado y las maneras fiscales eficientes de acceder a él sigue aumentando. «Las oficinas familiares y los clientes con un patrimonio ultra alto están buscando formas de maximizar sus rendimientos después de impuestos», concluye Dietz, indicando que las discusiones sobre estas alternativas están en aumento.
