Las naciones ricas han impulsado su crecimiento industrial y urbanización a través de la quema de combustibles fósiles, lo que ha generado la mayor parte de los problemas climáticos actuales. Este fenómeno afecta a todos los países, incluyendo a aquellos en desarrollo de África subsahariana, que apenas representan menos del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, estas naciones desarrolladas tienen una deuda climática que deben saldar.
A medida que África se urbaniza, se enfrenta al desafío de alojar a casi mil millones de personas adicionales para 2050 y de adaptar sus ciudades a los efectos del cambio climático. Un reciente informe de la ONG Action Aid pone de manifiesto esta deuda climática y destaca la presidencia de Sudáfrica en el G20 como una oportunidad para abogar por mejor acceso a financiamiento y la reestructuración de la deuda existente.
La deuda climática y su impacto en África
La deuda climática se basa en la noción de que las naciones ricas han contaminado más de lo que les corresponde, lo que se conoce como apropiación atmosférica. Como resultado, estas naciones deben compensar a los países en desarrollo, que han contribuido poco a las emisiones de gases de efecto invernadero pero que sufren desproporcionadamente las consecuencias del calentamiento global. La compensación de esta deuda permitiría a los países africanos avanzar hacia una transición justa y sostenible hacia las energías renovables y adaptar sus ciudades a desastres relacionados con el cambio climático.
Sin embargo, África subsahariana recibe actualmente solo el 5% de la financiación climática global. Esto indica que la deuda climática sigue sin saldarse. De acuerdo con el informe de Action Aid, se estima que los países ricos deben a África aproximadamente 36 billones de dólares por esta deuda. A medida que África inicia su proceso de urbanización, el más acelerado que el mundo haya visto, debe evitar seguir el mismo modelo de industrialización basado en altos niveles de carbono que utilizaron las naciones más ricas.
Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, se estableció que los países desarrollados debían proporcionar 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a las naciones en desarrollo a hacer frente al cambio climático. Durante las negociaciones de COP29 en Bakú, Azerbaiyán, en 2024, esta cifra se elevó a 300 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, los países desarrollados aún no han cumplido con el compromiso inicial, y algunos investigadores sugieren que la verdadera deuda climática asciende a aproximadamente 192 billones de dólares en total, lo que equivale a 4 billones de dólares anuales hasta 2050.
La situación es crítica para las ciudades africanas, que requieren inversiones sustanciales en vivienda, transporte, energía, educación, salud, agua y saneamiento. Las inversiones que se realicen hoy determinarán su crecimiento a largo plazo y su capacidad para enfrentarse al cambio climático. La falta de inversión limitará la capacidad de estas ciudades para hacer frente al crecimiento poblacional y a las crisis climáticas.
Además, más de dos tercios de la financiación climática que llega a África son préstamos y no subvenciones. Esto significa que los países africanos están ya lidiando con una crisis de deuda, que se agrava al tener que pagar altos intereses por préstamos en condiciones desfavorables. En 2024, 34 países africanos gastaron más en pagar deudas externas que en salud o educación, lo que representa la mayor proporción de presupuestos destinados a este fin en 25 años.
A medida que los principales donantes, como Estados Unidos y el Reino Unido, recortan sus presupuestos de ayuda, las subvenciones climáticas, que no tienen que ser reembolsadas, podrían disminuir a un mínimo histórico. Es urgente que las naciones africanas adopten un enfoque estratégico y unificado para asegurar lo que se les debe. La compensación de la deuda climática es una cuestión de justicia, y su resolución es fundamental no solo para el futuro de África, sino para el bienestar global.
La presidencia del G20 por parte de Sudáfrica representa una plataforma invaluable para enfatizar la deuda climática y promover el acceso a financiación más equitativa, así como la reestructuración de la deuda existente. Asegurar que los fondos se destinen a infraestructura resiliente al clima y a servicios esenciales es crucial para transformar las ciudades africanas en motores de prosperidad sostenible en lugar de en puntos críticos de crisis climática.
