
La reciente revelación de comunicaciones privadas del gobierno estadounidense ha desatado un escándalo que pone de manifiesto la creciente tensión entre Estados Unidos y Europa. En un chat de la aplicación Signal, miembros del gabinete de Donald Trump expresaron abiertamente su desprecio hacia el Viejo Continente, lo que ha llevado a cuestionar la postura de la Administración estadounidense hacia sus aliados tradicionales.
El escándalo del «Signal-gate»
El incidente, conocido como «Signal-gate», se originó cuando un grupo de altos funcionarios, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, discutieron estrategias militares en un chat al que se unió accidentalmente un periodista del diario The Atlantic. En este intercambio, el vicepresidente J.D. Vance y otros miembros del equipo expresaron su frustración por tener que «rescatar a Europa» nuevamente, subrayando una percepción de que el continente se beneficia de la intervención militar estadounidense sin asumir su parte de la responsabilidad.
Vance, en particular, argumentó que el ataque a los hutíes en Yemen, que se llevó a cabo el 15 de marzo, no era necesario desde la perspectiva estadounidense, dado que solo un pequeño porcentaje del comercio estadounidense pasa por el Canal de Suez, en comparación con el 40% del comercio europeo. Esta reflexión pone de relieve una crítica interna sobre la política exterior de «América Primero», que Trump ha promovido durante su mandato.
Las comunicaciones reveladas también muestran que la Administración Trump está dispuesta a considerar el costo económico de sus acciones militares. Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional, afirmó que cualquier acción militar debería tener en cuenta los costos asociados y la necesidad de que Europa compense a Estados Unidos por su intervención. Esta postura refleja una visión mercantilista de la política exterior, donde cada acción debe traducirse en un beneficio tangible para los Estados Unidos.
El uso de plataformas de mensajería como Signal para discutir asuntos de seguridad nacional ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las comunicaciones gubernamentales. La ley exige que las decisiones ejecutivas sean documentadas adecuadamente, y el uso de un sistema no oficial podría eludir este requisito, lo que plantea serias implicaciones sobre la responsabilidad y la gobernanza.
A pesar de la gravedad del escándalo, Trump ha intentado minimizar la situación, describiéndola como un «fallo» que no tiene consecuencias significativas. Sin embargo, este incidente pone de manifiesto una tendencia más amplia dentro de su Administración: una falta de respeto hacia las alianzas tradicionales y una visión de la política internacional que prioriza el beneficio económico inmediato sobre la cooperación a largo plazo.