
La situación política en Moldavia se ha visto marcada por la reciente detención de Yevgenia Gutsul, gobernadora de la región autónoma de Gagauzia y conocida crítica del gobierno pro-occidental del país. Un tribunal moldavo ha ordenado su prisión preventiva por 20 días, a pesar de que los fiscales solicitaban un mes de detención. Gutsul fue arrestada el pasado martes en el Aeropuerto Internacional de Chisinau, donde las autoridades moldavas la identificaron como parte de una lista de personas buscadas.
La gobernadora enfrenta acusaciones de complicidad en violaciones de financiación de campañas durante las elecciones de 2023, en las que resultó elegida. Además, se le han imputado cargos por falsificación de documentos. Sin embargo, los funcionarios de la ley no han proporcionado detalles adicionales sobre las acusaciones, citando la existencia de una investigación en curso.
Reacciones y contexto político
Gutsul ha mantenido su inocencia y sus abogados han calificado la decisión del tribunal de «absurda», anunciando su intención de apelar. Uno de sus letrados, Sergiu Moraru, declaró a los medios que «cuando no hay argumentos legales a favor de tal decisión judicial, hay otros argumentos. Creo que en este caso son de carácter político».
La gobernadora ha calificado la investigación como un «caso político» vinculado a su papel como líder de Gagauzia. Acusa al gobierno de Chisinau de llevar a cabo un plan para desmantelar la autonomía de la región a través de acciones legales dirigidas contra su administración. Gagauzia es una región donde habita una población de etnia Gagauza, un grupo étnico turco parlante y predominantemente cristiano ortodoxo, que disfruta de amplios derechos de autogobierno.
En un intento por obtener apoyo internacional, Gutsul ha apelado a Rusia y Turquía para que presionen al gobierno moldavo en defensa de los derechos de Gagauzia. La respuesta del Kremlin fue que había «revisado» la solicitud de Gutsul, y el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que las acciones de las autoridades moldavas contradicen los principios democráticos proclamados por Occidente.
Por su parte, el gobierno de Chisinau sostiene que Gutsul forma parte de una operación de influencia rusa destinada a socavar los esfuerzos del país por integrarse en la Unión Europea. Desde Moscú, se ha acusado a Moldavia de reprimir a políticos y periodistas que abogan por un acercamiento a Rusia.