El pasado viernes, Myanmar sufrió un devastador terremoto de magnitud 7.7, considerado por expertos como el más fuerte que ha azotado el país en décadas. Las estimaciones iniciales sugieren que miles de vidas podrían haberse perdido, y la situación se agrava por la ineficacia de los servicios de emergencia en un país ya marcado por un prolongado conflicto civil.
La United States Geological Survey (USGS) emitió un alerta roja tras el sismo, advirtiendo sobre la probabilidad de un alto número de víctimas y daños económicos significativos. La zona afectada, cerca de la ciudad central de Mandalay, alberga a más de un millón de personas, lo que multiplica el riesgo de fatalidades. Mientras el gobierno militar de Myanmar reportaba más de 1,000 muertos y 2,000 heridos, el análisis de la USGS indicaba una probabilidad del 35% de que las muertes fueran entre 10,000 y 100,000.
Desafíos en la respuesta humanitaria
La infraestructura deficiente del país complicará enormemente los esfuerzos de rescate. La falta de recursos y un sistema de salud ya debilitado por años de guerra civil, que se intensificó tras el golpe militar de 2021, hacen aún más urgente la necesidad de asistencia internacional.
El profesor Bill McGuire, de la Universidad College London, afirmó que este terremoto podría ser el más potente registrado en la parte continental de Myanmar en más de 75 años. A su vez, se produjo un fuerte temblor de 6.7 de magnitud momentos después del principal, lo que deja abierta la posibilidad de más réplicas en el futuro.
La tectónica en la región se complica por la interacción entre la placa india y la placa Sunda, formando la Falla de Sagaing, que se extiende por 1,200 kilómetros. Expertos advierten que el diseño de los edificios de altura, construidos principalmente con hormigón armado, hace que sean especialmente vulnerables a este tipo de desastres. La falta de regulaciones adecuadas en la construcción ha sido un factor crítico en los daños observados.
En este contexto, el seísmo pone a prueba la infraestructura moderna de Myanmar, que ha crecido en los últimos años sin las debidas consideraciones en materia de prevención sísmica. Con más de 2.8 millones de personas en áreas gravemente afectadas, muchos de estos individuos habitan en construcciones de madera y mampostería sin reforzar, que son susceptibles a los movimientos telúricos.
La situación se complica aún más en países vecinos como Tailandia, donde un rascacielos en construcción colapsó, atrapando a trabajadores en los escombros. Las autoridades tailandesas han decidido inspeccionar más de 2,000 edificios tras recibir informes de daños. La magnitud de este desastre no solo afecta a Myanmar, sino que también resuena en la región, evidenciando la fragilidad de las infraestructuras urbanas en áreas propensas a terremotos.
La lección que este desastre deja es clara: la falta de planificación y regulación en la construcción ha contribuido a la magnitud de la tragedia. La responsabilidad recae en los gobiernos, que deben implementar códigos de edificación más estrictos y efectivos para salvaguardar a sus ciudadanos ante futuros desastres naturales.
