La administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a cabo una drástica reducción de personal en la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), un organismo financiado por el Congreso. Según informes de varios medios, entre 200 y 300 empleados han sido despedidos como parte de una campaña para reducir el tamaño del gobierno, impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk.
Este movimiento ha sido calificado por algunos de los empleados afectados como “la masacre del viernes por la noche”, haciendo referencia a la repentina notificación de despido que recibieron el pasado viernes. La medida se produce tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump el mes pasado, que ya había resultado en la destitución de la mayoría de los miembros de la junta del instituto a mediados de marzo.
Contexto y reacciones
El USIP fue fundado en la década de 1980 con el objetivo declarado de promover la resolución de conflictos a nivel mundial. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, justificó los despidos al afirmar que “los contribuyentes no quieren gastar 50 millones de dólares al año en un ‘instituto de investigación’ financiado públicamente que no ha logrado entregar paz”. Kelly añadió que Trump ha cumplido con su mandato de eliminar el despilfarro y ahorrar dinero a los contribuyentes.
Los empleados despedidos han recibido ofertas de indemnización y un mes adicional de seguro de salud a cambio de renunciar a su derecho a demandar a la administración por su despido. Aquellos que se negaron a aceptar esta oferta fueron advertidos de que perderían todos sus beneficios a partir del lunes siguiente.
Es importante señalar que esta medida no afecta a los 600 empleados del USIP que trabajan en el extranjero, quienes, por el momento, mantienen sus puestos de trabajo. Sin embargo, la situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre el personal restante.
Además, algunos miembros de la junta del USIP han presentado una demanda contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental, Trump y otros miembros de su administración, alegando que el poder ejecutivo no tiene autoridad para despedir a los empleados de una organización creada por el Congreso. Las audiencias del caso están programadas para finales de abril.
