El reciente conflicto diplomático entre Estados Unidos y Sudáfrica ha puesto de relieve la complejidad de la cuestión agraria en este último país. La firma de la Ley de Expropiación en enero de 2025 por parte del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha suscitado un intenso debate sobre la implementación de reformas agrarias, aunque su aplicación efectiva aún está lejos de concretarse.
La relación entre Washington y Pretoria ha sufrido un notable deterioro desde principios de 2025. La suspensión de la ayuda económica por parte de Donald Trump, en respuesta a lo que considera violaciones de los derechos de la minoría blanca en Sudáfrica, ha intensificado las tensiones. La reciente declaración del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, que declaró al embajador sudafricano en EE. UU., Ebrahim Rasool, como persona non grata, es un claro indicio de la crisis diplomática que se vive.
La cuestión de la tierra en Sudáfrica, que ha sido un tema candente desde el fin del apartheid, se ha convertido en un punto focal de estas tensiones. A pesar de que la agricultura representa solo un 2.6% del PIB sudafricano, su significado político y simbólico es profundo, especialmente para las comunidades zulú, sotho y xhosa que fueron desplazadas durante el colonialismo y el apartheid. Para estas comunidades, la recuperación de la tierra es un paso crucial hacia la restauración de sus derechos históricos.
La Ley de Expropiación y sus Implicaciones
La Ley de Expropiación de 2024, que reemplaza a la legislación del apartheid de 1975, busca regular la adquisición forzosa de propiedades por parte del Estado. Aunque se presenta como un avance hacia la justicia social, su implementación está condicionada a la proclamación de su fecha de entrada en vigor por parte del presidente. Esto ha generado críticas, ya que permite al gobierno mostrar un compromiso con la reforma agraria sin asumir obligaciones concretas.
Una de las innovaciones más controvertidas de esta ley es el concepto de «compensación nula», que permite la expropiación de tierras sin compensación en ciertas circunstancias. Sin embargo, esta disposición ha suscitado preocupación entre los propietarios de tierras, quienes temen que su interpretación amplia pueda llevar a la expropiación de propiedades sin un debido proceso. La falta de claridad en la ley ha alimentado el debate político y ha permitido a los grupos de oposición movilizarse en defensa de los intereses de los agricultores blancos.
El contexto histórico de la cuestión agraria en Sudáfrica es fundamental para entender la actual situación. Desde la llegada de los colonizadores europeos, las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras, y a finales del apartheid, el 86% de la tierra cultivable estaba en manos de menos del 11% de la población blanca. Aunque el ANC, bajo el liderazgo de Nelson Mandela, se comprometió a devolver hasta el 30% de la tierra a la población negra, la implementación de estas promesas ha sido lenta y titubeante.
La reforma agraria en Sudáfrica debe ser vista como un conjunto integral de medidas legislativas y educativas que buscan abordar la cuestión de la tierra de manera sostenible. La clave radica en encontrar un equilibrio entre las demandas de la mayoría negra y los intereses de la minoría blanca, asegurando al mismo tiempo el desarrollo sostenible del sector agrícola. Sin embargo, la falta de un marco legal claro y la presión internacional complican aún más este proceso.
En resumen, aunque la Ley de Expropiación representa un paso hacia la justicia agraria, su efectividad dependerá de la voluntad política del gobierno sudafricano y de su capacidad para navegar las complejas dinámicas internas y externas que influyen en la cuestión de la tierra. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, observa de cerca este proceso, lo que añade una capa adicional de presión sobre el gobierno de Ramaphosa.
