Este lunes, la justicia francesa se prepara para dictar sentencia contra Marine Le Pen y otros 24 miembros de Reagrupación Nacional por el desvío de fondos de la Unión Europea destinados al pago de asesores parlamentarios. La líder del partido de extrema derecha se enfrenta a una posible condena de cinco años de prisión, tres de ellos en suspenso, además de cinco años de inhabilitación con cumplimiento inmediato y una multa de 300.000 euros. Esta sentencia podría descalificar a Le Pen para las próximas elecciones presidenciales de 2027, en las que muchos la consideran favorita.
La expectativa en Francia es palpable, y los medios locales han calificado la decisión judicial como “políticamente explosiva”. En el seno de Reagrupación Nacional, los miembros del partido están a la espera de una resolución que podría cambiar el rumbo político del país. “Marine es RN. Jordan Bardella aún es muy joven para presentarse a la presidencia”, afirmaba una vecina de Henin Beaumont, donde Le Pen fue elegida diputada en 2017.
Un largo proceso judicial
La jueza Bénédicte de Perthuis iniciará la lectura de la sentencia tras diez años de investigación. Si la justicia acepta la petición de la fiscalía, Le Pen podría ser acusada de malversación de fondos públicos y complicidad. Entre 2004 y 2016, el partido liderado por Le Pen presuntamente desvió más de 3 millones de euros en sueldos para asistentes parlamentarios ficticios, quienes en realidad trabajaban para los intereses del partido, lo que contraviene los estatutos del Parlamento Europeo. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, como correos electrónicos y registros de entradas y salidas de los supuestos asistentes en la sede del partido en París.
En caso de que la sentencia incluya la inhabilitación, existe la posibilidad de que esta se suspenda hasta que se pronuncie el tribunal superior. Esta opción permitiría a Le Pen mantener sus aspiraciones para las elecciones presidenciales de 2027. Las encuestas la sitúan como la principal candidata, habiendo alcanzado la segunda vuelta en las dos últimas elecciones presidenciales y obteniendo cerca de 11 millones de votos en las legislativas de julio pasado. “Su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales. Hay que estar sordo y ciego para no verlo”, lamentó Le Pen frente al tribunal en la última audiencia.
La posible condena de Le Pen no solo podría afectar su futuro político, sino que también podría desencadenar un verdadero terremoto en el panorama político francés, incluyendo la posibilidad de elecciones legislativas anticipadas si Emmanuel Macron decidiera disolver la Asamblea Nacional en junio. En tal caso, aunque Le Pen podría conservar su escaño, no podría presentarse a las elecciones.
La pena de inelegibilidad, de ser impuesta, no se limitaría a la prohibición de competir en elecciones, sino que también conllevaría la incapacidad de ejercer funciones públicas, según el artículo 131-26 del código penal francés.
El pasado 28 de marzo, el Consejo Constitucional de Francia aprobó una reforma que permite la inhabilitación inmediata de políticos condenados por ciertos delitos. Esta decisión, que no vulnera la carta magna, se basa en la necesidad de mantener la integridad de la función pública, permitiendo que los parlamentarios declarados culpables sean inhabilitados sin procedimientos adicionales.
Con la lectura de la sentencia a la vista, Francia observa con atención el desenlace de un caso que podría redefinir el futuro político del país y el papel de la extrema derecha en la política europea.
