A ojos de muchos analistas europeos, la reciente medida firmada por Donald Trump, que exige a los votantes estadounidenses presentar prueba de nacionalidad para poder ejercer su derecho al voto, representa una nueva barrera que podría desincentivar la participación electoral de millones de ciudadanos, especialmente aquellos pertenecientes a las clases más desfavorecidas y a minorías étnicas. Esta decisión ha sido interpretada como un intento más de manipulación electoral, en un contexto donde la integridad del proceso democrático se encuentra bajo constante escrutinio.
En Estados Unidos, a diferencia de países como España, no existe un registro nacional que facilite la obtención de un Documento Nacional de Identidad (DNI). La nueva normativa obligará a la mayoría de los votantes a depender de documentos como el pasaporte, el cual solo posee una pequeña fracción de la población, o de certificados de nacimiento. Este escenario es particularmente problemático para las mujeres que han adoptado el apellido de su marido, así como para los ciudadanos transgénero, quienes podrían enfrentarse a dificultades adicionales debido a la falta de coincidencia entre sus documentos de identidad y su nombre legal.
La oposición ha denunciado esta medida como un intento deliberado de excluir a millones de estadounidenses del proceso electoral. Se estima que alrededor de cuatro millones de ciudadanos no poseen la documentación necesaria, ya sea porque ha sido destruida, robada o extraviada. Además, hasta 21 millones de personas podrían verse afectadas por esta exigencia, que podría resultar en un proceso burocrático complicado y desalentador para muchos.
Implicaciones políticas y constitucionales
Históricamente, el Partido Republicano y el Partido Demócrata han estado en desacuerdo sobre las reglas electorales. Generalmente, las medidas que dificultan el sufragio tienden a beneficiar a los republicanos, quienes suelen contar con un electorado más documentado y con mayor poder adquisitivo. Por el contrario, cuando se amplían las oportunidades de voto, los demócratas suelen salir favorecidos, dado que las minorías y las comunidades más desfavorecidas son las más afectadas por cualquier barrera burocrática.
En la primera mitad del mandato de Joe Biden, los demócratas intentaron implementar leyes que ampliaran el acceso al voto, especialmente para las minorías. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva de Trump plantea serias dudas sobre su constitucionalidad, ya que la regulación de las elecciones corresponde a los estados, no al presidente. Vicente Palacio, director de Política Exterior de Fundación Alternativas, advierte que esta medida podría ser impugnada en los tribunales, dado que Trump se está atribuyendo competencias que no le corresponden.
En la actualidad, solo 36 de los 50 estados requieren identificación oficial para votar, mientras que en los otros 14 las reglas son más flexibles. Este contexto resalta la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de un sistema electoral que garantice el acceso a todos los ciudadanos, sin importar su situación económica o social.
Además, la nueva normativa otorga más poderes al Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, quien tendrá acceso a información sensible sobre los votantes registrados. Esta situación plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales, en un momento en que la confianza en las instituciones democráticas es más crucial que nunca.
