El reciente anuncio de la administración Trump sobre la cancelación de 400 millones de dólares en subvenciones a la Universidad de Columbia ha desatado un debate significativo sobre la libertad de expresión y el papel de las universidades en la política estadounidense. La decisión del gobierno federal, motivada por la respuesta de la universidad a las protestas pro-palestinas, ha llevado a la institución a aceptar una serie de demandas, incluyendo la suspensión o expulsión de estudiantes que participaron en dichas manifestaciones. Este contexto nos invita a reflexionar sobre cómo las instituciones educativas manejan su autonomía frente a la presión política.
Columbia, con un fondo de inversión de 14.800 millones de dólares, se encuentra entre las universidades más ricas de Estados Unidos. Sin embargo, este capital no es tan líquido como podría parecer. A pesar de que el fondo de Columbia es considerable, gran parte de él está invertido en activos ilíquidos, como capital privado y bienes raíces, lo que limita su capacidad de respuesta inmediata a situaciones de crisis financiera, como la que enfrenta actualmente tras la retirada de fondos federales.
La concentración de riqueza en las universidades es un fenómeno que ha crecido a lo largo de las últimas décadas, impulsado por estrategias de inversión más arriesgadas. La adopción del llamado «Modelo de Yale» en los años 90, que promueve la inversión en activos alternativos, ha permitido a universidades con grandes fondos superar a aquellas que se adhieren a prácticas más conservadoras. No obstante, este tipo de inversiones también conlleva riesgos, y aquellos que no pueden permitirse asumirlos se ven en desventaja.
El uso de los fondos de inversión en la educación superior
A menudo se considera que los fondos de inversión de las universidades son «bancos de dinero» a los que se puede acceder en cualquier momento. Sin embargo, la realidad es que están compuestos por miles de fondos, muchos de los cuales están restringidos por los donantes para fines específicos, como becas o investigación. Este hecho complica la posibilidad de que las instituciones utilicen estos recursos para cubrir déficit inesperados, como los que surgen de la anulación de subvenciones.
Las universidades suelen gastar solo un 5% de sus fondos anualmente, una práctica que ha sido defendida como necesaria para mantener la salud financiera a largo plazo. Sin embargo, algunos expertos argumentan que esta restricción se utiliza como excusa para no aumentar el gasto, incluso en situaciones de emergencia. La posibilidad de que las universidades aumenten el gasto de sus fondos de inversión durante crisis, como la vivida durante la pandemia, no es un concepto ajeno, y se han visto ejemplos de instituciones que han optado por esta vía.
La incertidumbre sobre el futuro financiamiento de Columbia, sumada a la propuesta de aumentar los impuestos sobre las inversiones universitarias, plantea serios retos para la sostenibilidad de estas instituciones. Con una disminución en la matrícula de estudiantes internacionales, que suelen ser una fuente crucial de ingresos, la situación se complica aún más. En este sentido, se hace evidente que la capacidad de las universidades para adaptarse a un entorno político y financiero cambiante será determinante para su futuro.
Es fundamental que las universidades mantengan su compromiso con la educación y la investigación, y que encuentren formas de navegar por estas aguas turbulentas sin sacrificar su integridad académica. A medida que las presiones políticas aumentan, la capacidad de las instituciones para defender el derecho a la libre expresión y el debate crítico se convierte en un aspecto esencial de su misión.
