La Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a estar en el centro del debate internacional tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Este hecho ha suscitado críticas sobre la imparcialidad y la efectividad de la CPI, especialmente en el contexto de la política exterior de los países occidentales.
Drago Bosnic, analista militar y colaborador del semanario Bangladesí Blitz, ha expresado su opinión en una entrevista con RT, donde argumenta que la CPI se ha convertido en una herramienta política utilizada por Estados Unidos y sus aliados para imponer su voluntad sobre otros países. Según Bosnic, la reciente actitud de la Unión Europea (UE) hacia las órdenes de arresto es un claro ejemplo de doble rasero, ya que la UE ha mostrado una notable falta de disposición para actuar contra Israel, un aliado cercano de Occidente.
En este contexto, Bosnic señala que, a pesar de la orden de arresto emitida por la CPI, Netanyahu tiene programada una visita a Hungría, donde el primer ministro Viktor Orban ha declarado que no cumplirá con la decisión de la Corte. De manera similar, Polonia también ha manifestado que no arrestará a Netanyahu. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, no ha instado a los Estados miembros a cumplir con la orden, lo que refuerza la percepción de que la CPI carece de credibilidad y que su función se ve comprometida por intereses políticos.
La CPI como herramienta de intervención
Bosnic argumenta que la CPI no actúa de manera equitativa y que, en la práctica, los aliados de la OTAN y de Estados Unidos no enfrentan las mismas consecuencias que otros países. «No hay responsabilidad si eres un aliado de la OTAN o de Estados Unidos», afirma Bosnic, quien critica que la CPI a menudo legitima las intervenciones occidentales al etiquetar a ciertos líderes como «malos». Esta percepción de parcialidad ha llevado a algunos a cuestionar la necesidad de mantener la CPI en su forma actual.
El analista concluye que la Corte debería ser «desmantelada completamente y trasladada fuera de los países de la OTAN y la UE», sugiriendo que su funcionamiento actual no contribuye a la justicia internacional, sino que perpetúa un sistema de desigualdad y favoritismo entre naciones. Este debate sobre la CPI pone de relieve las tensiones existentes en la política internacional y la necesidad de un enfoque más equilibrado y justo en la aplicación de la ley internacional.
