Un juzgado federal de Estados Unidos ha decidido mantener el estatus de protección temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 migrantes venezolanos, una medida que había sido revocada a principios de febrero por la administración del expresidente Donald Trump. La decisión fue tomada por el juez del distrito Edward Chen, quien argumentó que las extensiones de protección otorgadas por el gobierno anterior deben permanecer vigentes hasta nuevo aviso.
La resolución se produce tras una demanda presentada por un grupo de migrantes venezolanos que alegaron que la revocación del TPS violaba la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece que las agencias federales deben seguir procedimientos específicos al implementar cambios en políticas públicas. Los demandantes también sostuvieron que la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaba motivada por prejuicios raciales y políticos, según informa la cadena de televisión estadounidense CNN.
Argumentos del Juez y Consecuencias de la Decisión
En su fallo, el juez Chen respaldó a los demandantes, señalando que Noem había hecho «generalizaciones negativas sobre los beneficiarios venezolanos del TPS». El magistrado, designado por el expresidente Barack Obama, criticó las afirmaciones de las autoridades estadounidenses que justificaban la eliminación de las protecciones basándose en la presencia de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Chen argumentó que «el razonamiento de la secretaria carece por completo de apoyo probatorio», añadiendo que no hay evidencia de que los titulares de TPS venezolanos estén relacionados con dicha banda o que tengan tasas de criminalidad más altas que la población general.
La decisión del juez Chen se alinea con una orden ejecutiva promulgada por el expresidente Joe Biden en enero de 2024, que extendió el TPS para venezolanos hasta octubre de 2026. Esta medida busca evitar deportaciones inminentes y facilitar el acceso al trabajo legal para estos migrantes en Estados Unidos.
El dictamen también coincide con la reciente deportación de migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, construida por el presidente Nayib Bukele. Este lunes, 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron trasladados a este centro, mientras que la administración de Trump aún tiene pendiente la resolución de un caso relacionado con la expulsión de más de 200 venezolanos este mismo mes.
