El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que establece una nueva agencia estatal encargada de mejorar la gestión de la inmigración en el país. El Servicio de Ciudadanía y Registro de Extranjeros funcionará bajo el Ministerio del Interior, con el objetivo de organizar los procesos migratorios y asegurar el cumplimiento de las leyes rusas por parte de los migrantes, al tiempo que se busca reducir la actividad ilegal relacionada con la inmigración.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que “el objetivo principal es poner orden en los procesos migratorios y aplicar medidas que promuevan el cumplimiento de las leyes rusas entre los migrantes”. En este contexto, Putin ha enfatizado la necesidad de cerrar los canales de inmigración ilegal, un tema que ha cobrado relevancia en el debate público tras el aumento de la presencia de inmigrantes indocumentados en el país.
Datos sobre la inmigración en Rusia
Según el Ministerio del Interior, actualmente hay aproximadamente 670,000 migrantes indocumentados en Rusia. Además, se ha informado que los extranjeros que carecen de documentos válidos podrán extender su estancia en el país hasta finales de abril de 2025. Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno ruso para regularizar la situación de muchos migrantes y facilitar su integración, aunque también se han intensificado las críticas hacia las fuerzas policiales por sus “deficiencias significativas” en el control migratorio, según el Fiscal General Igor Krasnov.
La adopción de leyes migratorias más estrictas en Rusia se ha visto impulsada por un ataque terrorista organizado por extranjeros en marzo de 2024, que dejó 145 muertos y más de 550 heridos. Este trágico evento ha llevado a las autoridades a revisar sus políticas migratorias y a implementar medidas más severas contra la inmigración ilegal.
En 2024, el número de extranjeros expulsados de Rusia alcanzó los 190,000, lo que representa un aumento de casi un tercio en comparación con el año anterior. Las deportaciones de extranjeros por violaciones de la ley aumentaron un 45%, lo que refleja un endurecimiento en la aplicación de las normativas migratorias. Además, la organización de la inmigración ilegal ha sido clasificada como un delito grave, con sanciones que incluyen la confiscación de bienes y activos económicos obtenidos a través del tráfico de personas.
Estas medidas buscan desincentivar la actividad delictiva relacionada con la inmigración y desmantelar las redes que facilitan la entrada ilegal de extranjeros en el país. La creación del nuevo servicio estatal es un paso más en la estrategia del Kremlin para abordar los desafíos que plantea la inmigración en un contexto de creciente tensión social y política.
