En el Reino Unido, la detención de miles de personas por publicaciones en línea consideradas amenazantes u ofensivas ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la regulación del discurso en internet. Según un informe de The Times, las fuerzas policiales realizan aproximadamente 12,000 arrestos al año bajo la Sección 127 de la Ley de Comunicaciones de 2003 y la Sección 1 de la Ley de Comunicaciones Maliciosas de 1988. Estas normativas penalizan el envío de mensajes que sean “groseramente ofensivos” o que compartan contenido de un “carácter indecente, obsceno o amenazante” a través de redes de comunicación electrónica.
En el año 2023, se registraron 12,183 arrestos, lo que equivale a un promedio de 33 detenciones diarias. Esta cifra representa un aumento del 58% en comparación con 2019, cuando se contabilizaron 7,734 arrestos. Sin embargo, los datos gubernamentales indican que las condenas y sentencias han disminuido casi a la mitad. Muchos de estos casos se han resuelto mediante acuerdos extrajudiciales, siendo la principal razón citada las “dificultades evidenciales”, especialmente cuando las víctimas optan por no continuar con el proceso.
Reacciones y casos emblemáticos
La situación ha provocado una fuerte reacción pública, con grupos de defensa de las libertades civiles acusando a las autoridades de una sobrepolicía en internet que socava la libertad de expresión mediante el uso de leyes de comunicación “vagas”. Un caso que ha llamado la atención es el de Maxie Allen y Rosalind Levine, quienes fueron arrestados el 29 de enero tras expresar preocupaciones en un grupo privado de WhatsApp sobre el proceso de contratación de una escuela para su hija. Seis agentes uniformados llegaron a su hogar, los detuvieron frente a su hijo menor y los llevaron a una comisaría, donde fueron interrogados bajo sospecha de acoso, comunicaciones maliciosas y causar molestias en la propiedad escolar. Durante ocho horas, fueron sometidos a un proceso que incluyó la toma de huellas dactilares y un registro corporal.
Allen, en declaraciones al Daily Mail, expresó su incredulidad ante la situación, afirmando que los mensajes no contenían “lenguaje ofensivo o amenazas”, sino que simplemente tenían un tono “un poco sarcástico”. Este tipo de incidentes ha suscitado un debate más amplio sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos individuales en la era digital.
