La industria del transporte marítimo se enfrenta a uno de sus mayores desafíos en la lucha contra el cambio climático. Con más de 200 millones de toneladas de combustibles fósiles consumidos anualmente, el sector reconoce la necesidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, la estrategia global de 2023 establece un objetivo ambicioso: reducir las emisiones en un 30% para 2030 y en un 80% para 2040, en comparación con los niveles de 2008. Sin embargo, este ambicioso plan requiere de políticas urgentes y efectivas para su implementación, y el tiempo se agota.
La tecnología necesaria para una transición rápida existe. Por ejemplo, las velas de propulsión eólica pueden instalarse en los buques existentes, y muchos en la industria podrían rápidamente adoptar combustibles de cero emisiones si estos se consideran una inversión viable. No obstante, la implementación de estas tecnologías implica una inversión significativa, lo que genera interrogantes sobre quién asumirá los costes.
Decisiones Cruciales en la IMO
Este contexto se presenta en la reunión crucial que se lleva a cabo en Londres en la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo de la ONU que coordina las respuestas a la contaminación climática del transporte marítimo. En esta cumbre, los países deben tomar decisiones que influirán profundamente en la capacidad del sector para hacer una transición rápida hacia combustibles más limpios o si, por el contrario, continuará con su trayectoria de alta contaminación.
Entre las decisiones más críticas que se abordarán se encuentra el Indicador de Intensidad de Carbono, que mide las emisiones de carbono por tonelada de carga por milla recorrida. A pesar de que la OMI establece un objetivo de mejora del 40% en la eficiencia para 2030, se prevé que la demanda global de transporte marítimo aumente en un 60% en ese mismo periodo. Esto significa que, incluso con una mejora en la eficiencia, las emisiones totales podrían mantenerse estables o incluso aumentar debido al mayor volumen de carga.
La discusión sobre la creación de un «estándar global de combustibles», que establecería metas sobre el uso de combustibles de cero emisiones, es otro de los puntos más debatidos. Estas normas incluirían sanciones para el uso de combustibles contaminantes, lo que incentivaría prácticas más limpias. Sin embargo, tras casi dos décadas de negociaciones, no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo implementar este sistema de precios a la contaminación.
A medida que las negociaciones avanzan, surge la esperanza de que se alcance un acuerdo que no solo establezca un precio para la contaminación marítima, sino que también incentive la inversión en soluciones más sostenibles. Sin embargo, es esencial que las políticas sean lo suficientemente ambiciosas para lograr la reducción del 30% en las emisiones de aquí a 2030, un objetivo que, aunque posible, se presenta como un desafío considerable.
Históricamente, las decisiones más significativas de la OMI se toman en las últimas horas de las negociaciones. La presión es alta, y tanto los países que abogan por medidas ambiciosas como aquellos que son más cautelosos tienen mucho que perder. La alineación de potencias como la Unión Europea con propuestas más ambiciosas será crucial para el éxito de estas negociaciones, que podrían marcar un antes y un después no solo para el transporte marítimo, sino para la acción climática a nivel global.
