El primer ministro belga, Bart De Wever, ha generado controversia tras afirmar que ningún país de la Unión Europea (UE) estaría dispuesto a ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Durante una reciente visita de Netanyahu a Budapest, el gobierno húngaro anunció su intención de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que otorga autoridad a la CPI, en un gesto que ha sido interpretado como un apoyo a la impunidad de líderes acusados de crímenes de guerra.
De Wever, líder de la Alianza Nueva Flamenca y cabeza de una coalición de cinco partidos, expresó su comprensión hacia la postura de Hungría en el programa Terzake de VRT, afirmando: “Seríamos honestos si dijéramos que haríamos lo mismo”. Esta declaración pone de manifiesto una postura pragmática en la política europea, donde la realpolitik parece prevalecer sobre los principios de justicia internacional.
La CPI ha criticado la decisión de Hungría, recordando que este país tiene el deber de cooperar con el tribunal. Fadi El Abdallah, portavoz de la CPI, subrayó que “Hungría sigue bajo la obligación de colaborar” con el organismo judicial, lo que pone de relieve la tensión entre las decisiones políticas de los estados miembros y las obligaciones internacionales.
Reacciones en Bélgica y Europa
Las declaraciones de De Wever han suscitado reacciones mixtas en Bélgica. Miembros de la coalición gobernante se han distanciado de sus comentarios, afirmando que no fueron consultados previamente. Por otro lado, partidos de la oposición han criticado al primer ministro por lo que consideran un “deslizamiento peligroso” que debería ser reservado para el ámbito judicial, acusándolo de alinearse con “líderes europeos dudosos que desprecian la ley internacional”.
La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre pasado, acusándolos de cometer atrocidades graves, incluyendo el uso del hambre como método de guerra, en respuesta a un ataque mortal de Hamas en 2023. Estas acusaciones han intensificado el debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos en conflictos armados y la aplicación de la justicia internacional.
En un contexto más amplio, el ex canciller alemán Olaf Scholz declaró que no puede imaginar la posibilidad de arrestar a Netanyahu si este visitara Alemania. Asimismo, el gobierno francés ha argumentado que el primer ministro israelí debería gozar de inmunidad diplomática bajo el Estatuto de Roma, una opinión que la CPI contradice, lo que añade más complejidad a la situación.
La falta de voluntad política en Europa para actuar sobre las órdenes de arresto de la CPI refleja un dilema ético y práctico que enfrenta la comunidad internacional en la actualidad. La tensión entre la justicia y la política sigue siendo un tema candente que exige un análisis profundo y un compromiso renovado con los principios de derechos humanos y justicia global.
